El fiscal del juicio por la muerte de Solange Musse, la joven que murió de cáncer de mama durante la pandemia, pidió un año y medio de cárcel para los dos funcionarios que impidieron que su padre la viera antes de morir.
En su alegato de cierre, Julio Rivero pidió que Eduardo Javier Andrada y Analía Morales sean condenados a un año y medio de prisión con ejecución condicional y la inhabilitación especial para ejercer cargos por el doble de años de la condena para ambos.
Andrada era director del Centro de Operaciones de Emergencia de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales era parte del mismo organismo en Río Cuarto, cuando Musse estaba internada.
La mujer de 35 años transitaba un cuadro terminal de cáncer y su último deseo era abrazar a su padre, que partió desde Plottier, Neuquén, con la intención de cumplir su promesa.
Cuando el hombre llegó al retén ubicado en el ingreso sur de la provincia, no lo dejaron ingresar a Córdoba y fue obligado a volver a su ciudad de origen.
Por este motivo, el fiscal acusó a Andrada y a Morales de abuso de autoridad e incumplimiento en sus deberes, por haber impedido que Pablo Musse abrazara a su hija antes de que ella muriera.
Rivero insistió en que el doctor Andrada, “por acción”, evitó el ingreso de Pablo Musse a la provincia y decidió que se lo acompañara hasta su ciudad de origen “inobservando el análisis” de las posibilidades de flexibilizar la normativa existente en la pandemia.
En paralelo, aseguró que Morales debe responder a la acusación realizada por la Justicia por “omisión impropia”.
El juicio está cargo del tribunal de la Cámara del Crimen N° 1 de Río Cuarto, presidida por Daniel Antonio Vaudagna junto a Nicolás Rins y Diego Ortiz.
El proceso judicial empezó el lunes 1° de septiembre y este lunes, dos semanas después, se conocerá el veredicto contra los dos acusados.
El alegato del fiscal
La ronda de alegatos se inició con el fiscal Rivero, que relató que Pablo Musse y su cuñada Paola Oviedo intentaron ingresar a Córdoba, con un perro.
La idea era almorzar en Alta Gracia con Solange, quien transitaba la fase final de su enfermedad atendida por su madre, Teresa Oviedo.
Rivero recordó que luego de que se le practicara a Musse un examen de PCR con resultado “dudoso”, Andrada y Morales decidieron que no ingresara a Córdoba y que fuera escoltado por una comitiva policial hasta su casa en Neuquén.
El fiscal aseguró que en ese momento se desatendió la directiva que existía para este tipo de casos, que señalaba que tenían que acompañar a Musse y su cuñada hasta la casa en la que vivía Solange. Luego, el fiscal hizo un resumen de las declaraciones de los dos imputados.
En torno a lo planteado por el médico Andrada, sostuvo que aseguró que no fue suya la decisión de no dejar ingresar a Musse. “Yo no decidí, decidió la Provincia con su protocolo”, citó el fiscal de lo señalado por Andrada.
“Si Andrada dice eso, yo tengo que probar que en ese momento la Provincia es él, y que el protocolo tiene dos caras. El anexo 57 del protocolo 48. Una cara es la rigidez que decía que nadie entraba sin PCR negativo. Y a la otra cara es la flexibilidad», expresó.
En este punto, el fiscal aseguró que estaba la posibilidad de que Musse ingresara al hospital de Río Cuarto.
“No me cabe duda de que a partir de lo que resolvieron y ordenaron Andrada, por acción, y Morales, por omisión, claramente podemos considerar de que fueron privados ilegalmente de su libertad, de su poder de locomoción y que, además, fueron destinatarios de actos humillantes, vejatorios y que podrían incurrir en la privación ilegal de la libertad”, indicó el fiscal.
Además, según informaron medios locales, dijo que durante las audiencias rondó la posibilidad de ampliar la acusación por esos delitos que posiblemente se cometieron contra los Musse.
Rivero reclamó que Pablo Musse, Solange Musse, Teresa y Paola Oviedo sean declarados víctimas de violencia institucional.
Y requirió que se deje asentado para una posible investigación la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad en contra de Pablo Musse y Paola Oviedo por la decisión de que vuelvan a Neuquén con un sistema de encapsulado policial sin dejar que se bajaran a comprar comida, o ir al baño.
Rivero insistió en varios tramos de su alegato en que la responsabilidad era de los dos imputados, Andrada y Morales, que habían asumido el cargo de responsables del COE por decisión del Ministerio de Salud de la Provincia.
Y aseveró que Pablo Musse tenía un permiso esencial que había gestionado días antes, además de la premisa que debía hacerse cumplir para la atención de una familiar de primera línea como lo era su hija. (TN)
