“El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”. La frase no proviene de un opositor partidario, sino de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), y resume el espíritu con el que miles de trabajadores y trabajadoras marcharán este miércoles desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. En la antesala de una jornada clave en la Cámara de Diputados, que tratará los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, los salarios son uno de los ejes de un conflicto que crece.
Según los recibos de sueldo correspondientes a agosto, un enfermero del Garrahan con 35 horas semanales de tareas cobró entre $849.678 y $1.243.283, dependiendo de su categoría y antigüedad. Un técnico del hospital especializado en hemodiálisis, con 42 horas semanales, recibió $1.039.101 de salario neto. Un auxiliar administrativo cobró $958.372, mientras que un auxiliar de jardín obtuvo $849.678. El caso de Gerardo Oroz, delegado de ATE y auxiliar de farmacia, es ilustrativo: “Mi salario es de $960.000 y el inicial en mi categoría es de $800.000. La diferencia, incluso con años de antigüedad, es muy baja”, dijo.
No se trata de trabajadores precarizados o contratos temporarios, es personal altamente calificado, profesionales con mucho más de diez años de servicio en un hospital pediátrico de referencia internacional. ¿Cómo llegó a este punto un emblema de la salud pública como el Garrahan?
La respuesta está en el ajuste. Como denunció la APyT, el Gobierno mantiene congelado desde hace un año el ítem de recursos genuinos, que debería actualizarse con la recaudación de prepagas y obras sociales. Actualmente representa $200.000 por trabajador, pero según los gremios debería rondar los $540.000 para equipararse con la inflación del último año. Se trata de un componente clave del salario en el hospital, financiado por el propio sistema y no por el Tesoro Nacional, que el Ejecutivo decidió no actualizar.
La situación de los docentes universitarios no es distinta. De acuerdo con las escalas salariales de febrero de 2025, un profesor titular con dedicación exclusiva y sin antigüedad cobra $1.034.507 brutos. Tras los descuentos, el salario neto queda en aproximadamente $837.950. Para alcanzar los $2 millones, un titular debe contar con más de 20 años de antigüedad, un posgrado de doctorado y dedicación exclusiva. En la mayoría de los casos, los docentes con máxima jerarquía y formación apenas rozan los $1.500.000 de bolsillo.
Mañana, llenemos las calles. Por el Garrahan, por la universidad pública y para frenar en seco a un gobierno que perdió toda legitimidad para seguir ajustando. pic.twitter.com/G4UxXx6TFv
— Ale Lipco (@Aleplipco) September 16, 2025
Un profesor adjunto, con más de diez años en el cargo, percibe entre $1.200.000 y $1.400.000 brutos. Los cargos más bajos, como los auxiliares de primera, apenas superan los $579.000 netos al iniciar su carrera. Además, el Gobierno eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba una ayuda complementaria de $16.450 por cargo. Esta decisión redujo aún más el poder adquisitivo de miles de docentes preuniversitarios.
Los datos muestran que la diferencia entre el salario inicial y el alcanzado con años de antigüedad no supera, en promedio, el 20 o 30%. Esto implica una carrera congelada en términos reales. En palabras de Oroz: “La diferencia entre un ingreso inicial y uno con 10 años en el hospital es mínima. El reconocimiento a la trayectoria desapareció”.
Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei defiende su decisión de vetar las leyes votadas en el Congreso con el argumento de que implicarían un aumento insostenible del gasto. En el texto oficial, se afirma que “una expansión del gasto sin respaldo real derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”. Sin embargo, los salarios actuales ya se encuentran erosionados, sin necesidad de emisión alguna.
Se trata de dos sectores clave para el funcionamiento del Estado. La salud pediátrica de alta complejidad y la educación superior gratuita son pilares de la democracia argentina. Ningún gobierno anterior, desde 1983, se había atrevido a desfinanciarlos de manera tan brutal. La gestión Milei achica el Estado cada día, pero sigue cobrando a los ciudadanos los mismos impuestos que prometió bajar.
Los trabajadores que hoy marchan no reclaman privilegios, sino salarios acordes a su formación, experiencia y responsabilidad. Mientras atienden a niños con enfermedades críticas o forman a las futuras generaciones, cobran sueldos que apenas alcanzan para llegar a fin de mes. ¿Qué puede esperarse de un país que desoye las demandas de quienes lo sostienen desde sus hospitales y sus aulas
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El Diario Ar
