Javier Milei presentó su Presupuesto 2026 con un tono moderado para promocionar una “normalización” de la economía, pero la letra chica del texto oficial profundiza la motosierra libertaria, sobre todo en áreas socialmente sensibles. Análisis de consultoras, organizaciones civiles y universidades advierten que detrás del relato presidencial de que “lo peor ya pasó”, el Gobierno acelerará los recortes en áreas como la educación, la ciencia y la protección de la niñez.
Ciencia y tecnología
El ajuste en ciencia y tecnología es uno de los más notorios. El segmento de Ciencia y Técnica sufrirá en 2026 un retroceso del 7,2% en términos reales, que se suma a las caídas del 30,2% en 2024 y del 23% en 2025, según un informe del Grupo EPC y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. En tres años, el sistema científico perdió la mitad de su financiamiento.
El CONICET, emblema de la investigación pública, recortó un tercio de su presupuesto, mientras que organismos como la CONAE, el INTI y la CNEA ya acumulan desplomes de entre 40 y 60%. El financiamiento global al área bajará al 0,149% del PBI, un mínimo histórico que incluso contradice la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecía un piso del 0,52%.
En términos reales, el ajuste en los organismos técnicos es del 34,6% en la CONAE, 17,9% en el INTI y 14,1% en CNEA. Puntualmente el CONICET declina un 6,2%.
“El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo profundiza el panorama de ajuste para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI), al estipular un Crédito Inicial para la Función Ciencia y Técnica (FCyT) el año próximo de 1,57 billones de pesos (bn$). Esto implica un retroceso del 7,2% en términos reales para el conjunto de organismos y programas de la Administración Pública Nacional, que se agrega a la caída del 30,2% en 2024 y del 23,0% en el corriente año”, denuncia el informe de EPC-CIICTI.
Educación
La educación también vuelve a quedar en el centro del ajuste. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que el presupuesto universitario permanecerá prácticamente congelado en 2026, aunque ya acumula una caída real del 32% desde 2023. Las universidades nacionales explican un 5% de la reducción global del gasto público en los últimos tres años.
A eso se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el recorte de becas estudiantiles y la drástica caída de los salarios docentes y no docentes, que perdieron más de 30 puntos de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión. En términos macro, la educación pasó de representar el 1,25% del PBI en 2023 al 0,6% en 2026.
El financiamiento educativo de la Secretaría de Educación cae un 1,7% en términos reales. El programa de Desarrollo de la Educación Superior, que constituye el financiamiento de las Universidades Nacionales continúa en baja, al caer un 3,0% real. De esta manera la Secretaría ha perdido 48 puntos reales en 3 años y las universidades lo han hecho un 30,7%, apuntala EPC-CIICTI.
La masa salarial universitaria, incluyendo docentes y no docentes, cae un 3,5%, totalizando una pérdida de 30,5 puntos desde 2023. El ex Ministerio de Educación pasó de representar el 1,25% del PBI a constituir apenas el 0,599%. El financiamiento universitario global también se deterioró, pasando del 0,718% del PBI al 0,462% en tres años.
Golpe a la protección infantil
En el área de protección social a la niñez, el Gobierno decidió priorizar la Asignación Universal por Hijo (AUH) sobre la Prestación Alimentar. A primera vista, la medida luce positiva: la AUH tiene rango de ley y se actualiza automáticamente, mientras que Alimentar depende de resoluciones ministeriales discrecionales. Sin embargo, el proyecto de presupuesto deroga el mecanismo de actualización de la AUH.
Si la inflación real supera la prevista, la prestación se licuará. ACIJ advierte que esta decisión puede afectar de manera directa la protección de niñas, niños y adolescentes en un contexto en el que la pobreza infantil ya supera el 60%.
Otros programas clave también quedan golpeados. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia sufrirá un recorte del 85% respecto de 2025, mientras que las partidas para Educación Sexual Integral representan apenas el 2% de lo que se destinaba en 2023.
La política de prevención y atención de la violencia de género consolida el retroceso iniciado en 2024: el Programa Acompañar, que en su momento alcanzó a más de 100.000 mujeres, hoy prácticamente desapareció, y la Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto.
El contraste con otros rubros completa el cuadro. Mientras que el gasto social cae un 15,9% acumulado entre 2023 y 2026, el presupuesto de Defensa y Seguridad retrocede mucho menos, un 18,7% en el mismo período, y la deuda pública, pese a la baja, se mantiene como uno de los principales destinos del gasto. En paralelo, la inversión pública sigue en niveles históricamente bajos, aunque con una suba del 35% respecto a 2025, insuficiente para recuperar la caída del 76% frente a 2023.
El oficialismo se apoya en el superávit fiscal y la baja de la inflación como sus credenciales. En cadena nacional, Milei presentó el Presupuesto 2026 como la prueba de que su plan funciona y aseguró que la “era del déficit” había terminado. Pero los números finos revelan otra historia: los equilibrios fiscales se logran a costa de recortes persistentes en áreas vinculadas a derechos básicos.
(El Diario Ar)
