El destino final de los montos acumulados, en tanto, se definirá en el marco de la próxima revisión que deberá determinar si se acreditan a los usuarios, se destinan a inversiones u otro uso previsto en la normativa.
Revisión de las tarifas eléctricas
A fines de agosto, el Gobierno de Kicillof comenzó a profundizar el ordenamiento del esquema tarifario del servicio de energía que quedó severamente atrasado desde la época de gestión de María Eugenia Vidal y como producto del impacto de la pandemia de coronavirus. Por eso, se ordenó acelerar el proceso de RTI.
En medio de un panorama complejo para decenas de cooperativas eléctricas del interior bonaerense, estas entidades sostienen que el proceso de revisión permitirá establecer una tarifa justa en función de los costos reales de prestación del servicio.
Si bien la Legislatura no aprobó este año el pedido de Kicillof para que se lo faculte a continuar con la etapa de transición tarifaria del sector de distribución de la energía eléctrica, la Subsecretaría de Energía ya trabaja con las cooperativas eléctricas y las prestadoras provinciales para poner en marcha la revisión.
Convenio con Edenor y Edesur
En otra resolución, el Gobierno aprobó la firma de convenios con Edenor y Edesur para reconocer de manera excepcional las deudas derivadas del régimen anterior de la Tarifa Social Eléctrica. Se trata de los montos correspondientes al período comprendido entre el 1° de junio y el 15 de julio de 2024, cuando se produjo el traspaso hacia el nuevo esquema de bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido, la Provincia afrontará pagos por un total de $24.737 millones, que serán cancelados en cuatro cuotas trimestrales hasta junio de 2026. El convenio con Edenor asciende a $17.691 millones, mientras que el suscripto con Edesur contempla $7.046 millones. Ambos acuerdos tendrán carácter cancelatorio, final y definitivo respecto del viejo régimen de tarifa social.
La medida busca evitar perjuicios económicos a los usuarios beneficiarios del anterior sistema, ya que la aplicación retroactiva de las nuevas condiciones podía derivar en refacturaciones con costos adicionales para los hogares más vulnerables. (DIB)
