En un fallo sin precedentes, el Tribunal Oral Federal N.º 8 condenó al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio a 13 años y medio de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática. La sentencia, que expone una trama profundamente enraizada en distintos niveles del poder político, judicial y mediático, marca un hito en las causas por inteligencia ilegal en Argentina.
El fallo reveló el funcionamiento de dos organizaciones criminales. La primera, integrada por D’Alessio junto a los ex agentes de inteligencia R.H.B. y R.O.B., se dedicaba a recolectar información personal accediendo a bases de datos oficiales y utilizando contactos en organismos estatales. Esa información luego se usaba para extorsionar a empresarios, funcionarios y particulares, bajo amenazas de involucrarlos en causas judiciales o escraches mediáticos.
La segunda organización, conocida como “Grupo Buenos Aires”, operaba con fines internacionales, planificando lavado de dinero por sumas millonarias. La sentencia evidenció cómo estas estructuras delictivas lograban sostenerse gracias a sus vínculos con el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad y medios de comunicación.
El rol clave del fiscal Stornelli
Uno de los puntos más sensibles del fallo es la relación entre D’Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli, quien fue mencionado más de 300 veces en la sentencia, a pesar de haber sido el gran ausente en el juicio. La investigación demostró que la cercanía con el fiscal no era casual: “El hecho de que D’Alessio conociera y entablara una relación con el fiscal federal –de la forma que lo hizo– dio a la asociación herramientas que le permitieron facilitar la puesta en marcha y/o concreción de muchos de sus planes delictivos”, señalaron los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli.
El vínculo incluía extorsiones vinculadas a la causa de los cuadernos, una cámara oculta al exmarido de la pareja del fiscal y una “cama” mediática. Stornelli fue citado a indagatoria por el juez Alejo Ramos Padilla en 2019, pero estuvo nueve meses en rebeldía. Finalmente se presentó cuando finalizó el gobierno de Mauricio Macri y, aunque fue procesado, la Cámara Federal de Mar del Plata y luego Comodoro Py atenuaron su situación judicial.
Los jueces fueron categóricos al afirmar que la asociación ilícita no podría haberse sostenido sin la relación con Stornelli. “Desoír esta dimensión probatoria equivaldría a omitir arbitrariamente aquello que se ha ventilado en el juicio y que la acusación logró probar”, escribieron en los fundamentos de la condena.
Espionaje, poder y medios
Entre 2016 y 2019, la red liderada por D’Alessio utilizó herramientas estatales para fines privados, una práctica que revela la profundidad del entramado de inteligencia paralela en el país. El modus operandi incluía escuchas ilegales, seguimientos, y la difusión de operaciones de prensa para forzar decisiones judiciales o políticas.
El caso GNL, que involucraba presuntas irregularidades en importaciones de gas natural licuado, también aparece mencionado, así como los vínculos con dirigentes políticos de peso, entre ellos la ex ministra Patricia Bullrich, otro de los nombres sensibles del expediente.
