Uruguay está a punto de dar un paso histórico: el Senado debate y se espera que apruebe la despenalización de la eutanasia. La iniciativa, conocida como “ley de Muerte digna”, ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados en agosto, tras una sesión maratónica y con respaldo de legisladores de distintos partidos. Ahora, el proyecto llega al Senado, donde el Frente Amplio —mayoría en la cámara alta y principal impulsor de la ley— anticipó su apoyo.
La votación no solo divide a la sociedad, sino también a los bloques políticos. Tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado hay posturas encontradas. Por ejemplo, la senadora blanca Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda ya adelantaron que votarán a favor.
En una jugada clave, el colorado Robert Silva pidió licencia para que asuma su suplente, Ope Pasquet, quien fue uno de los principales promotores del proyecto en la legislatura pasada. “Después de tanto luchar será parte”, expresó Silva, reflejando la carga emocional que atraviesa el debate.
Entre los presentes en las gradas del Palacio Legislativo se encuentra Beatriz Gelós, una docente de 71 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 19 años. Su historia, marcada por la imposibilidad de realizar tareas cotidianas y el sufrimiento físico, fue uno de los argumentos más potentes durante la discusión en Diputados.
“Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”, dijo Gelós a la agencia de noticias AFP.
Si su deseo se cumple, Uruguay se unirá a un reducido grupo de países que permiten el procedimiento y en el que figuran Canadá, Colombia, Países Bajos, Nueva Zelanda y España.
Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales. En 2023 se practicaron unas 270 eutanasias, casi un 50% más que en 2022, según el Laboratorio DescLAB.
Quiénes apoyan y quiénes rechazan la ley
El debate en el Senado se da con la presencia de organizaciones como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, que impulsan la aprobación, y de Prudencia Uruguay, que se opone.
Los defensores del proyecto sostienen que la ley “regula y garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y a recibir asistencia para hacerlo”. Para ellos, cada persona debe poder decidir sobre su propio destino y evitar sufrimientos que considere insoportables.
Los defensores del proyecto coinciden en que su redacción brinda garantías y representa la historia de un país acostumbrado a aprobar leyes liberales como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
Un 62% de los uruguayos está a favor de legalizar la eutanasia y apenas un 24% la rechaza, según una encuesta presentada en mayo por la Consultora Cifra.
El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura ante el tema. Sin embargo, asesoraron en todo el proceso “para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos”, comentó a la AFP el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.
La iglesia Católica mostró “tristeza” ante la votación afirmativa en Diputados y la resistencia al proyecto traspasó los ámbitos religiosos. Más de una decena de organizaciones y decenas de personas rechazaron la redacción del proyecto por “deficiente y peligrosa”.
Cómo será el procedimiento para acceder a la eutanasia
El proyecto establece que la eutanasia podrá aplicarse solo en casos muy específicos: personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan enfermedades crónicas, incurables o irreversibles que “menoscaben gravemente su calidad de vida” y les provoquen sufrimientos “insoportables”.
El proceso apunta a que tengan una muerte “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad” y consta de ocho etapas. Todo debe comenzar con un pedido personal del paciente a un médico. Luego, un segundo profesional —sin vínculo con el primero— debe dar su opinión.
Si ambos coinciden, se realiza una segunda entrevista con el paciente para confirmar su voluntad y, finalmente, se deja constancia de su “última voluntad”. Solo entonces, el médico actuante podrá proceder. (TN)
