Un grupo de manifestantes integrado por profesionales, trabajadores y familiares de la comunidad de las personas con discapacidad, irrumpió en las oficinas porteñas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de Belgrano para reclamar ser recibidos por las autoridades del organismo público ante la falta de respuestas en relación con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.
La protesta comenzó desde temprano en la entrada del edificio. De acuerdo con los participantes, las autoridades habían acordado recibirlos para responder a las demandas por las bajas injustificadas de pensiones, los retrasos salariales, y el faltante de medicamentos y terapias en situaciones críticas, entre otras cuestiones. No obstante, ante las reiteradas postergaciones del encuentro y el anuncio de su cancelación, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a las oficinas.
“Esta reunión era para exigirle (al nuevo interventor del Andis, Alejandro) Vilches y todo el directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. Ayer anunció que se juntaba el directorio, nos pusimos recontentos, y a las tres horas dijo que no, que no se juntaba nada”, afirmó la actriz Valentina Bassi, quien se movilizó junto a los familiares.
En esa línea, Bassi continuó: “Con esas cosas, uno va juntando mucha bronca. Y cuando vinimos acá a marchar, quisimos entregar el petitorio, y no lo aceptó. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico”. Y agregó: “Que no acepte el petitorio es un montón, un destrato, es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos».
Según describieron los medios que estaban presentes en la protesta, los manifestantes rompieron el vallado e ingresaron por la fuerza con cánticos contra el Gobierno.
María, una mamá de dos hijos con discapacidades, quien ingresó a las oficinas del Andis por la fuerza, expresó a un móvil televisivo: «Esto es calidad de vida, es necesidad. Que nos reciban. Que nos escuchen. Y que me digan en la cara por qué mis hijos no pueden tener su terapia completa, por qué las personas que trabajan acá para mis hijos no cobran en tiempo y forma. Es ilógico. Ellos también tienen familias».
Tras quebrarse ante las cámaras, sumó: «Queremos que la Ley se haga efectiva, pero nadie nos informa nada. Tuvimos que ser extremistas y nos tuvimos que volver algo que no somos: violentos. Tuvimos que empujar y romper puertas para poder entrar. ¿Te parece que tenemos que llegar a ese extremo, de ser violentos cuando no lo somos? No somos personas violentas. Necesitamos que nuestros hijos tengan su calidad de vida».
La preocupación social por la problemática en discapacidad ocurre en medio del escándalo por la investigación judicial de presuntas coimas en el Andis y a días de que los diputados aprobaran el proyecto que declaró nulo el DNU presidencial con el que el Gobierno había decidido no aplicar la ley de emergencia en discapacidad.
En cuanto a la vigente ley de emergencia, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que la norma quedará suspendida hasta que el Congreso asigne fondos específicos para tal fin.
La decisión se dio a conocer a través del decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se detalló que la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad «queda suspendida en su ejecución», por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 24.629, hasta que el Congreso «determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé».
En sus considerandos, el Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Congreso el 15 de septiembre y señaló que «es en el marco de la aprobación del Presupuesto» en donde «se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas».
Por ello, remarcó que «corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 sean considerados en dicha discusión parlamentaria, garantizando así la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas».
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