La Justicia federal profundizó la investigación por presuntos sobornos y maniobras de direccionamiento de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y llamó a indagatoria al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otras 14 personas. Se trata de un caso que, según fuentes del expediente, expone un esquema sostenido de corrupción, sobreprecios y manipulación del sistema de compras públicas entre 2023 y 2025.
El fiscal federal Franco Picardi consideró que existen elementos suficientes para convocar a Spagnuolo a declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestos pagos ilegales a funcionarios y operadores vinculados a proveedores del organismo. “Considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 para hacer lugar al pedido del acusador público”, sostuvo el dictamen citado por Noticias Argentinas.
Un mecanismo para direccionar compulsas y beneficiar a droguerías
La investigación se aceleró luego de que, este viernes, se levantara el secreto de sumario en la causa. Los peritajes permitieron recuperar comunicaciones eliminadas, registros de video e imágenes que, según fuentes judiciales, constituyen “indicios contundentes” de sobornos. Entre ellas, una cámara registró a Spagnuolo saliendo de la casa del operador de laboratorios Miguel Ángel Calvete, señalado como pieza central de la estructura ilícita.
Según el dictamen fiscal, se comprobó la manipulación del mecanismo de compulsa de precios para reducir artificialmente la competencia e invitar siempre a un conjunto predeterminado de proveedores. En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.
Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.
Conversaciones, pedidos de dinero y una estructura paralela
Uno de los elementos más comprometedores es un conjunto de audios entre Calvete y Spagnuolo. En ellos, el operador le indica al entonces titular de ANDIS dónde y cómo recibir una suma de dinero que -según el expediente- alcanzaba los $5 millones. En paralelo, quedó registrado que Calvete le pidió a su pareja, Guadalupe Muñoz, “cinco palos” en efectivo “para el boludo del pelado que viaja a Israel”.
La acusación describe una estructura compleja, integrada por funcionarios, exfuncionarios y operadores externos que utilizaban de manera indebida el sistema informático SIIPFIS para otorgar adjudicaciones a determinadas empresas. Pablo Atchabahian —ex director de ANDIS y único detenido hasta el momento— habría puesto su conocimiento del organismo al servicio de las maniobras, ordenando qué pagos frenar y a qué proveedores incorporar. Tenía vínculos directos con la droguería Génesis S.A. y el laboratorio Roche.
Daniel María Garbellini, otro de los indagados, funcionaba como nexo entre la estructura interna y la externa, permitiendo el acceso de operadores no designados a información sensible. Entre ellos estaba Luciana Ferrari, empleada de Roche S.A.Q.E.I., quien gestionaba “tickets” y obtenía datos anticipados sobre las compulsas.
La red se completaba con funcionarios como Roger Edgar Grant —ejecutor de contrataciones PACBI—, Eduardo Nelio González, y Lorena Di Giorno, todos señalados por participar en decisiones y movimientos de dinero. La logística financiera, según el expediente, incluía manejo de efectivo, cheques y articulación con servicios de aviación privada a través de Sergio Mastropietro y Alan Pocoví (Baires Fly S.A.).
Un “centro de operaciones ilícitas”, según la fiscalía
Para Picardi, la evidencia demuestra que ANDIS funcionó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 como “un centro de operaciones de diversas actividades ilícitas”, cuyo objetivo era obtener “amplias sumas de dinero de manera indebida” mediante el direccionamiento de licitaciones y adjudicaciones de medicamentos críticos para personas con discapacidad.
Con la indagatoria de Spagnuolo y otros catorce imputados, la causa entra en una etapa clave. La Justicia deberá ahora evaluar si dicta nuevas detenciones y si amplía las imputaciones en función de las pruebas económicas y digitales reunidas.
Con información de la agencia NA y fuentes del expediente
