La Federación del Personal de Vialidad Nacional encendió la alarma sobre el estado de la red vial del país, asegurando que 30.000 de los 40.000 kilómetros de rutas necesitan mantenimiento, con un 65-70 % en condición «entre regular y malo». Esta situación compromete gravemente la seguridad vial y la transitabilidad.
Fabián Catanzaro, secretario gremial de la entidad, expresó una «profunda preocupación» por el estado de «parálisis y vaciamiento» que atraviesa el organismo, provocado por la política gubernamental de «obra pública cero».
Catanzaro, en diálogo con Splendid AM 990, señaló que, si bien se evitó la disolución de Vialidad Nacional, el «proceso de vaciamiento continúa». Indicó que la infraestructura vial atraviesa una «emergencia» que afecta no solo a las rutas sino también al salario y a las condiciones de trabajo del personal.
El gremio se muestra «bastante crítico del sistema de concesiones» impulsado por el gobierno en su segunda etapa de privatización de rutas, cuestionando su naturaleza. En la entrevista, Catanzaro sostuvo que se vuelve a cerrar un «negocio financiero» para empresas que, pese a ser licitadas como inversión privada, obtienen «financiamiento subvencionado del Estado» a través del Banco BICE con una tasa preferencial del 2 %.
«En estas concesiones fueron licitadas como inversión privada y hoy tienen financiamiento subvencionado del Estado a través del banco Bice con una tasa preferencial del 2 %. Justamente no tiene riesgo empresarial esto porque las inversiones que serían durante el primer año se cubrirían con este subsidio, por decirlo de alguna manera, que sería estos préstamos facilitados y con una gracia de 2 años para empezar a devolver».
El secretario gremial criticó que, bajo estas condiciones, empresas adjudicatarias como las de la Ruta 14 y la 12, conocidas como la «ruta del Mercosur», prácticamente no realizarán «más que salir a bachear o a hacer dos repavimentaciones en 20 años», un escenario que a su criterio «no colaboraría a mejorar las condiciones de la infraestructura».
Impacto en el personal y riesgo de costos futuros
Catanzaro también denunció la congelación salarial total por un año y un protocolo disciplinario que quita el derecho de defensa provocaron una «forma expulsiva» que resultó en la baja de casi el 20 % del personal, incluyendo renuncias, jubilaciones y despidos. Manifestó que el organismo está perdiendo a los «recursos más calificados».
Respecto a la «decisión política de paralizar» la actividad, el representante gremial afirmó que no solo deteriora la infraestructura, sino que también elimina la posibilidad de que Vialidad Nacional demuestre que la obra pública puede ejecutarse a costos más bajos. Argumentó que atacar al organismo es atacar a un «organismo espejo que puede demostrar que los costos si se hacen sin inflarse, sin entrar en proceso de subcontrataciones, se podrían hacer más baratos».
Además, advirtió sobre el riesgo financiero a futuro que implica el abandono del mantenimiento: «Lo que estamos viendo es que estamos cayendo en un cuello de botella del cual nos va a costar mucho volver porque cuando no se mantiene esa inversión luego para rehabilitar lo mismo te sale entre tres y cinco veces más caro».
Reclamos transversales y rutas críticas
La situación de la red vial ha generado preocupación en distintos niveles de gobierno, ya que Catanzaro confirmó que mantienen «bastante contacto con gobernadores, con intendentes» que reclaman la finalización de obras paralizadas y la necesidad de transitabilidad. Mencionó que existe una obligación de ley de mantener la infraestructura vigente, lo que ha llevado a una gran cantidad de amparos en distintos puntos del país donde el demandante suele ganar.
Si bien la problemática es generalizada, el gremialista identificó a rutas como la 151 en La Pampa, la 3 al sur de Bahía Blanca, la 23, la 9 y la 34 en el NOA, y la 7 y la 8 una vez que se sale del conurbano, como algunas de las que atraviesan una situación más crítica. (NA)
