Australia estrenó este lunes una regulación inédita que obliga a las plataformas digitales a impedir que los menores de 16 años tengan presencia en sus servicios.
La disposición, que entra en vigencia el 10 de diciembre, exige a las empresas aplicar «medidas razonables» para evitar que adolescentes accedan o mantengan cuentas activas. También deberán eliminar los perfiles ya creados que no cumplan con la edad mínima.
El gobierno busca limitar la exposición infantil a contenidos dañinos y a dinámicas sociales que, según las autoridades, impactan en el desarrollo emocional. La norma coloca nuevamente a Australia en el centro del debate global sobre cómo regular el ecosistema digital.
Plataformas alcanzadas y mecanismos de control
La legislación identifica a nueve servicios como objetivo principal: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick. Para definirlas, el Ejecutivo consideró si permiten interacción entre usuarios, publicación de contenido o si su función principal es social.
Otras compañías que quedaron al margen por definición —como YouTube Kids o WhatsApp— no deberán aplicar estos procesos. En cambio, Roblox y Discord, atentas a una eventual inclusión futura, ya iniciaron pruebas con sistemas de control de edad en algunas funciones.
La responsabilidad total de aplicar la medida recae sobre las empresas tecnológicas. Ellas deberán verificar la edad mediante métodos más sólidos que la declaración voluntaria: documentación oficial, reconocimiento facial o de voz y sistemas algorítmicos. El incumplimiento podría implicar multas de hasta 49,5 millones de dólares estadounidenses.
El gobierno aclaró que la confirmación de edad deberá realizarse a través de un sistema independiente y que los datos recabados deben ser destruidos tras completarse el proceso. También ofreció alternativas para quienes prefieran no entregar documentos oficiales, aunque aún no se conocen detalles concretos sobre la precisión y seguridad de estos métodos.
El historial de filtraciones de información personal en el país alimenta las preocupaciones sobre la gestión de datos de menores, uno de los puntos más cuestionados por organizaciones y especialistas.
Debates y críticas en torno a la normativa
Para los impulsores de la regulación, la medida pretende brindar más tiempo a los jóvenes antes de ingresar al ambiente público de las redes.
Greg Attwells, referente del grupo 36 Months, sostiene que la intención es «posponer 36 meses el ingreso como ciudadanos digitales» y reducir las presiones asociadas a esa exposición temprana.
Pero no todos confían en la efectividad de la prohibición. Expertos señalan que deja fuera otros entornos con riesgos similares —sitios de citas, plataformas de videojuegos o chatbots con IA— y advierten que muchos adolescentes ya exploran métodos para sortear la restricción, desde cuentas falsas hasta el uso de VPNs. También esperan un incremento de perfiles compartidos con adultos para evitar bloqueos.
Las compañías tecnológicas manifestaron inquietudes sobre la aplicabilidad de la norma, el costo burocrático y el impacto en la privacidad. Si bien Meta, Snap y TikTok anticiparon que cumplirán con los requisitos, mantienen reparos y otras firmas aún analizan alternativas legales.
La ministra de Comunicaciones, Annika Wells, admitió que la implementación puede resultar «desordenada» en un comienzo, pero consideró que el país necesita avanzar en regulaciones para proteger a los menores frente a riesgos crecientes. Reconoció que la política no resolverá todos los problemas, aunque insistió en que representa un paso necesario en la adaptación de las leyes a los nuevos entornos digitales. (Infobae)
