El Gobierno presentó este martes el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una reforma amplia que cambia las reglas del sistema desde el nivel inicial hasta la universidad.
La iniciativa fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al difundir las conclusiones del Consejo de Mayo. Si avanza, reemplazará por completo la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006.
El texto propone una reconfiguración del sistema educativo con dos ejes: más autonomía para las escuelas y mayor protagonismo de las familias. Además, incorpora un examen nacional al final de la secundaria, habilita la educación en el hogar y modifica el esquema de financiamiento, incluido el universitario.
Uno de los puntos que había generado debate —la posibilidad de sumar enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas— quedó fuera de la versión final.
Un rediseño estructural
El proyecto tiene 169 artículos y retoma varias ideas que el Gobierno ya había intentado impulsar en la primera Ley Bases. Según el Consejo de Mayo, la reforma se apoya en experiencias internacionales que asocian mejores aprendizajes con instituciones más autónomas, docentes con mayor margen de acción y sistemas con evaluaciones claras y transparentes.
El diagnóstico oficial es contundente: el deterioro educativo argentino se explica, principalmente, por «falta de autonomía, libertad y rendición de cuentas». Por eso, la propuesta apunta a modificar la gobernanza del sistema, ampliar el poder de decisión de las escuelas y darle más herramientas a las familias.
A continuación, los principales cambios planteados:
1. Autonomía para las escuelas
Las escuelas, tanto públicas como privadas, podrán definir sus propios planes de estudio, métodos de enseñanza, organización interna y calendario escolar. Los directores de las escuelas estatales también tendrán voz en la selección del personal y podrán impulsar sanciones o separaciones.
Habrá contenidos mínimos nacionales obligatorios, pero cada institución podrá sumar su propio diseño curricular —que deberá ser aprobado por cada provincia y por Nación—. También se creará un Registro Nacional de Planes de Estudio.
El nuevo esquema habla de horas de clase y no de días:
• 540 horas anuales en nivel inicial
• 720 horas en primaria y secundaria
Esto es menos que los acuerdos actuales del Consejo Federal de Educación.
El proyecto también vuelve a declarar a la educación como «servicio esencial», lo que obliga a garantizar un mínimo de clases aun ante medidas de fuerza.
2. Más participación de las familias
Las familias pasan a tener un rol central. El proyecto:
• Formaliza la educación en el hogar.
• Habilita esquemas de financiamiento orientados directamente a los estudiantes (vales, becas u otros).
• Crea consejos de padres en las escuelas públicas, con influencia en la designación de directivos.
• Permite que el Estado publique resultados educativos por escuela —sin identificar alumnos ni docentes— para orientar decisiones de las familias.
• Además, reconoce el derecho de cada familia a elegir la institución o el proyecto educativo que considere más acorde a sus convicciones.
3. Homeschooling y educación virtual
El texto habilita explícitamente el homeschooling y abre la puerta a trayectos educativos 100 % virtuales, híbridos o incluso brindados por instituciones de otros países.
Cada provincia deberá llevar un registro de quienes estudien bajo estas modalidades, sin controles invasivos y con procesos administrativos estandarizados. Los estudiantes deberán rendir evaluaciones para acreditar los contenidos mínimos en escuelas públicas o privadas.
El proyecto también contempla posibles riesgos dentro del hogar y garantiza mecanismos de intervención cuando haya sospechas de vulneración de derechos.
4. Evaluaciones y examen final de secundaria
Se mantienen las evaluaciones nacionales tipo Aprender, tanto censales como muestrales. Medirán aprendizajes, pero también el desempeño docente y la gestión directiva.
La novedad es el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), voluntario y centrado en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades. Los estudiantes tendrán derecho a conocer sus resultados individuales.
Además, se incorpora una evaluación periódica de los docentes —cada cuatro años— vinculada a su desempeño, actualización profesional y resultados de aprendizaje.
5. Financiamiento y cambios en la universidad
El proyecto elimina el objetivo histórico del 6 % del PBI para educación. También establece que las provincias son responsables del financiamiento de la educación básica, mientras que Nación se limita a políticas generales.
Sostiene los aportes estatales a escuelas privadas, pero ya no exige que la inversión por alumno sea igual en ambos sectores. Además, incorpora mecanismos de financiamiento «por la demanda», como ayudas directas a estudiantes o familias.
En el nivel universitario, el presupuesto se distribuirá según:
• 75 % en función de la cantidad de estudiantes y el avance académico.
• 20 % según desempeño (egresos, investigación y extensión).
• 5 % mediante programas especiales con metas verificables.
También se refuerzan los controles: habrá auditorías externas e internas para garantizar transparencia.
(La Nueva)
