El Gobierno nacional dio un paso inédito en la administración de las áreas protegidas al autorizar la realización de “microeventos” pagos dentro del Parque Nacional Iguazú, uno de los espacios naturales más emblemáticos y visitados del país. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 460/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y habilita encuentros privados organizados junto a las empresas concesionarias que operan en la reserva.
La normativa establece que estos eventos podrán contar con un máximo de 60 asistentes y deberán cumplir estrictas normas ambientales. Entre las restricciones, se prohíbe el uso de dispositivos de música, megáfonos y drones, y se limita el montaje de infraestructura a elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, sin anclajes ni cierres totales de las áreas utilizadas.
Uno de los puntos que más controversia generó es la posibilidad de realizar actividades en sectores icónicos del parque. La resolución contempla, por ejemplo, presentaciones empresariales, lanzamientos de productos o brindis privados en el balcón de la Garganta del Diablo, siempre en horarios que no interfieran con la visita del público general. Según precisaron las autoridades, en caso de requerir el cierre momentáneo de pasarelas, los eventos deberán realizarse entre las 17.30 y las 19, cuando ya no hay circulación peatonal.
Desde la intendencia del parque defendieron la iniciativa. “Esta medida viene a ordenar este tipo de actividades pequeñas”, explicó José María Hervás, intendente del área protegida, quien remarcó que ninguna de las propuestas podrá vulnerar las normas de conservación ni de seguridad para los visitantes. En esa línea, recordó que desde 2013 existe una regulación específica para eventos de gran concurrencia, como maratones, que requieren evaluaciones más complejas y extensas.
El nuevo esquema apunta a habilitar de manera más ágil encuentros de menor envergadura, como una merienda exclusiva en la Garganta del Diablo, un paseo privado en el tren ecológico que atraviesa la selva o un brindis frente al Salto Dos Hermanas. Para avanzar, los interesados deberán solicitar autorización con al menos cinco días de anticipación y presentar una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental, en la que asumen el cumplimiento estricto de las medidas de manejo vigentes.
Una vez evaluada la viabilidad del pedido por la administración del parque, la gestión pasa a las empresas concesionarias, con las que el organizador acuerda los servicios y los costos. De acuerdo con lo informado por Hervás, solo por el servicio de un tren especial para trasladar a los participantes, el Estado percibe alrededor de 700 mil pesos.
La reglamentación fija un máximo de dos microeventos por día y aclara que solo podrán realizarse en áreas de uso público intensivo previamente habilitadas, dentro del horario habitual de funcionamiento del parque, que cierra a las 20. Además, se establece que estas actividades no podrán restringir la circulación ni el acceso de los visitantes que no formen parte del evento.
En materia ambiental, la resolución es taxativa: el organizador es responsable del retiro de todos los residuos generados, se prohíbe el uso de plásticos descartables y se exige que la manipulación de alimentos impida el acceso de la fauna silvestre. Ante cualquier irregularidad, la intendencia del parque podrá disponer la suspensión inmediata del evento.
El debate no tardó en instalarse. Para algunos sectores, la medida se inscribe en una tendencia global que busca diversificar el uso turístico de los parques nacionales y generar nuevos ingresos sin comprometer el ambiente. Para otros, abre la puerta a una lógica de privatización simbólica de espacios naturales únicos, accesibles solo para quienes pueden pagar experiencias exclusivas.
El Parque Nacional Iguazú es el área protegida más visitada del país, con más de un millón y medio de turistas al año. En agosto último, el flujo de visitantes registró un aumento del 20% respecto de 2024. Creado en 1934, es uno de los parques nacionales más antiguos de la Argentina y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Protege más de 67 mil hectáreas de selva paranaense, una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del territorio nacional.
En ese escenario, la habilitación de microeventos pagos introduce una discusión de fondo sobre el equilibrio entre conservación, acceso público y explotación económica. Una discusión que, lejos de cerrarse con la resolución, promete intensificarse en torno a uno de los patrimonios naturales más valiosos del país.
(InfomiBA)
