En la Casa Rosada dan por hecho que este viernes el Senado aprobará el Presupuesto 2026 sin modificaciones, tal como llegó desde Diputados y sin el capítulo XI. Algo que, a la luz de las últimas semanas, no parece ser del todo seguro. Para el oficialismo no se trata solo de una votación más: es una demostración de poder. El objetivo es cerrar el año con una foto de orden parlamentario, aun cuando el propio Gobierno ya decidió que no respetará en la práctica parte de lo que el Congreso sancione.
El conteo fino que manejan en Balcarce 50 habla de 41 votos asegurados, con margen para llegar a 44 o 45. “Estamos expectantes”, repiten cerca de Javier Milei, aunque puertas adentro el mensaje es más crudo: el proyecto sale sí o sí y el déficit cero se cumple aunque haya que reescribirlo en la ejecución. La sesión extraordinaria fue convocada para el mediodía por Victoria Villarruel. Y, si no hay sobresaltos, el oficialismo evitará el plan B de volver a la Cámara baja el lunes 29, dando por cerrado el año legislativo.
El Gobierno ya asumió que no tiene votos ni tiempo para reponer en el Senado el mentado capítulo XI, en cuyo artículo 75 se derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Pero también dejó claro que no piensa cumplir esas normas si afectan el equilibrio fiscal. “No vamos a ampliar el gasto ni a emitir. Si hay que ejecutar algo que no estaba planificado, se sacará plata de otras partidas”, admiten sin rodeos en la Casa Rosada. La traducción política es directa: el Congreso puede votar, pero la lapicera sigue en manos del Presidente.
El propio Milei lo explicitó el domingo por la noche en una entrevista televisiva. No vetará su Presupuesto, pero “acomodará las partidas” para garantizar el superavit fiscal. El mensaje no fue técnico sino político: la prioridad no es el equilibrio entre poderes, sino el equilibrio fiscal, aun a costa de tensar los límites institucionales y vaciar de contenido decisiones tomadas por el Parlamento.
Presión a las provincias
En Balcarce 50 evitan hablar de venganza, pero el malestar es evidente. En la mira están los legisladores que habían comprometido su respaldo total y terminaron votando contra el capítulo XI. Entre las opciones que circulan aparece una herramienta conocida: recortar transferencias discrecionales, ATN u obra pública a provincias que no cumplieron. “No cumplir una ley implica reasignar fondos. Y esos fondos salen de algún lado”, deslizan cerca del Presidente. El mensaje a los gobernadores es claro: el apoyo legislativo tiene consecuencias presupuestarias.
Pese al ruido con el PRO por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la denuncia de inconstitucionalidad, el Gobierno confía en que la alianza parlamentaria resistirá. Tanto el jefe de Gabinete Manuel Adorni como el ministro del Interior Diego Santilli descuentan que los aliados votarán igual que en Diputados. Desde el bloque amarillo aseguran que acompañarán tanto el Presupuesto como la Ley de Inocencia Fiscal, que también podría sancionarse este viernes, y que el conflicto por los auditores no interferirá en la sesión.
En el oficialismo también cuentan con el respaldo del bloque peronista Convicción Federal, integrado por senadores que responden a gobernadores hoy alineados con la Casa Rosada. Ese peronismo funcional vuelve a ser clave para que el Gobierno obtenga los votos que necesita, aun cuando el clima político esté lejos de cualquier consenso estructural.
Pero el apuro por sancionar el Presupuesto antes de fin de año no es solo interno. Con la reforma laboral relegada para febrero, en el Gobierno admiten que Estados Unidos presiona para que la Argentina cierre el año con una ley de Presupuesto vigente. De ahí la decisión de bajar el tono, aceptar la versión recortada y avanzar. Lo central ahora para el oficialismo no es el texto, sino quién y cómo lo administra.
Si el Senado sanciona el Presupuesto 2026 este viernes, el Gobierno podrá exhibir una victoria legislativa que hasta hace semanas parecía improbable. Pero el verdadero test no estará en el tablero electrónico ni en el poroteo final, sino en lo que ocurra después.
En ese deslizamiento, Milei apuesta a que la disciplina fiscal funcione como legitimación suficiente. El problema es que, al hacerlo, corre el eje del debate desde el Congreso hacia la administración de los fondos y convierte la ejecución presupuestaria en el nuevo campo de batalla político. No se tratará solo de cuánto se gasta, sino de quién decide qué se cumple y qué no. Ahí, más que un triunfo, empieza otra cosa. (El Diario AR)
