El Gobierno nacional presentó en diciembre pasado el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una reforma integral que propone derogar la Ley de Educación Nacional (26.206) y avanzar hacia un nuevo esquema educativo centrado en la autonomía de las instituciones, la libertad pedagógica y un sistema de financiamiento que acompaña la elección de las familias. La iniciativa se suma a otras reformas que el oficialismo impulsa en el Congreso, como la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, y apunta a modificar uno de los pilares más sensibles de la vida social: la educación.
El texto, promovido por el secretario de Educación Carlos Torrendell, redefine el rol del Estado, reconoce la educación en el hogar, declara a la escuela como un “servicio esencial” y crea un sistema de evaluación permanente, que incluye un examen nacional obligatorio al finalizar el nivel secundario, entre otros puntos.
Un cambio de paradigma en el rol del Estado
Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición del papel estatal. La iniciativa establece que los padres tienen el “derecho preferente” a decidir sobre la educación de sus hijos, mientras que el Estado pasa a cumplir un rol subsidiario, como garante del derecho a la educación, pero sin intervenir en la orientación pedagógica de las instituciones. En ese marco, las escuelas —públicas y privadas— obtienen mayor libertad para definir sus proyectos educativos, reglamentos internos y la selección de parte de su personal.
Para analizar el alcance del proyecto, el medio Ámbito consultó a especialistas del sector. Irene Kit, psicopedagoga y presidenta de la asociación civil Educación para Todos, señaló que la iniciativa surge como respuesta a “una fuerte inercia en las instituciones educativas producto de capas y capas de reglamentación”, aunque advirtió que el proyecto implica “un salto brusco hacia una maximización de la autonomía que no es lo mismo que una autonomía construida”.
Según la especialista, quitar competencias al Estado equivale a “soltar toda la malla de contención y de responsabilización”, al tiempo que se traslada a las familias la responsabilidad total por las decisiones educativas. Si bien reconoció que es necesario avanzar hacia una mayor autonomía institucional, remarcó que “no puede ser cualquier autonomía ni de cualquier manera”, y subrayó la importancia de una transición acompañada por el Estado.
Segmentación y lógica de mercado
En una línea crítica similar, el docente y especialista en gestión educativa Flavio Buccino sostuvo que el proyecto “no ofrece soluciones a los problemas reales del sistema educativo” y, por el contrario, “profundiza varios de los problemas ya existentes”. Según explicó, la iniciativa propone un Estado que incluso se desentiende de la función de supervisión.
Buccino advirtió que, aunque se establece una currícula básica común, se habilita una amplia franja horaria para que cada escuela decida qué enseñar, lo que podría profundizar la segmentación social del sistema educativo. “Las escuelas pasarían a ofrecer propuestas orientadas a atraer a determinados sectores sociales, y las familias dejarían de ser consideradas como tales para convertirse en clientes”, afirmó, al definir el proyecto como la base de un cuasi mercado educativo.
Cambios curriculares y aprendizajes
Otro de los puntos de debate es el rediseño de los contenidos curriculares. Kit señaló que los actuales diseños se han vuelto “imposibles de cumplir en un año lectivo real” y destacó la necesidad de priorizar el desarrollo de capacidades de pensamiento profundo, especialmente en un contexto atravesado por la inteligencia artificial.
No obstante, alertó que el riesgo del proyecto es que, bajo la premisa de que cada escuela puede enseñar lo que quiera, se termine reemplazando una currícula deficiente por otra igualmente superficial, generando una atomización del sistema educativo. En ese escenario, las trayectorias escolares podrían volverse inconexas entre provincias y jurisdicciones.
Buccino, por su parte, planteó interrogantes sobre cómo se garantizará un piso común de aprendizajes y cómo se evaluarán resultados comparables entre escuelas con propuestas tan disímiles.
Financiamiento, vouchers y caída de la natalidad
En el plano económico, los especialistas analizaron el impacto del financiamiento educativo y el sistema de vouchers. Kit describió el enfoque del proyecto como “darwinista”, basado en la competencia entre escuelas para atraer matrícula, en un contexto agravado por la caída de la natalidad en todo el país, que ya provoca cierres y reconversiones de establecimientos, especialmente en los niveles inicial y primario.
Respecto de los vouchers educativos implementados en 2024 —una asistencia estatal para cubrir hasta el 50% de la cuota en escuelas privadas con alto aporte estatal—, Buccino cuestionó la falta de definiciones claras sobre el origen de los fondos y su sostenibilidad. Además, propuso discutir alternativas, como un presupuesto por escuela, con mayor autonomía en la gestión de recursos.
Finalmente, el especialista remarcó que el Estado nacional debería cumplir un rol clave para garantizar la equidad territorial, asegurando que un estudiante del interior del país tenga las mismas oportunidades educativas que uno de los grandes centros urbanos.
El debate sobre la Ley de Libertad Educativa recién comienza en el Congreso, pero ya expone profundas diferencias sobre el rol del Estado, la igualdad de oportunidades y el futuro del sistema educativo argentino.
Las claves del proyecto de ley de Libertad Educativa
Libertad educativa como principio rector
- Padres con derecho preferente a elegir escuelas y formas de enseñanza.
- Igual estatus jurídico para instituciones públicas y privadas.
- Fuerte énfasis en libertad pedagógica y de proyectos institucionales.
Autonomía ampliada para las escuelas
- Las escuelas estatales pueden: diseñar sus planes de estudio, elaborar reglamentos propios, seleccionar parte de su personal, administrar recursos.
- Las privadas consolidan su autonomía organizativa, pedagógica y laboral.
Educación en el hogar y formatos alternativos
- Se reconoce homeschooling y sistemas virtuales como formas válidas de Educación Básica.
- Se evalúan solo mediante exámenes estandarizados.
Contenidos mínimos reducidos
- El Estado fija solo un núcleo básico común, limitado en horas.
- El resto del tiempo escolar es para proyectos institucionales.
Financiamiento por demanda
- Aportes estatales también para escuelas privadas.
- Posibilidad de vouchers, vales, becas o créditos fiscales.
Nueva carrera docente
- Evaluación cada 4 años.
- Estabilidad condicionada al desempeño.
- Escuelas privadas con plena libertad de contratar y despedir.
- Directivos elegidos por concurso y participación de un Consejo de Padres.
Información pública y evaluaciones nacionales
- Examen Nacional del Secundario (ENES).
- Portal con resultados por escuela (sin datos individuales).
Educación como servicio esencial
- Obliga a garantizar “mínimos de continuidad” en caso de paro.
(Ambito)
