El Senado dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, un proyecto que introduce modificaciones estructurales en la regulación del empleo formal y que ahora deberá ser debatido en Diputados. La iniciativa fue presentada como una “modernización” del sistema vigente, aunque generó cuestionamientos de sectores sindicales y parte de la oposición.
Uno de los cambios centrales es la habilitación de convenios colectivos por empresa. Esto implica que las condiciones laborales podrán negociarse a nivel individual entre compañías y trabajadores o sindicatos de base, por encima de los acuerdos sectoriales tradicionales. Para el oficialismo, la medida permitirá mayor flexibilidad y adaptación a cada realidad productiva; los gremios advierten que puede fragmentar la negociación colectiva.
El proyecto también establece un tope para las indemnizaciones por despido. Se fija un límite basado en el salario promedio registrado, lo que modifica el cálculo vigente y reduce el costo potencial para el empleador. Según el Ejecutivo, la medida busca dar previsibilidad y fomentar la contratación formal. Desde el sindicalismo sostienen que puede debilitar la protección ante cesantías arbitrarias.
Cambios al proyecto de reforma laboral
Otro punto relevante es la creación de un “banco de horas”. Este mecanismo permite compensar horas trabajadas de más con jornadas de menor carga en otros períodos, evitando el pago automático de horas extras. La propuesta apunta a otorgar mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, especialmente en actividades con picos estacionales.
La reforma incorpora además cambios en los períodos de prueba, ajustes en el régimen de multas por empleo no registrado y modificaciones en los esquemas de registración laboral. El Gobierno sostiene que el objetivo es reducir la litigiosidad y promover la formalización de trabajadores.
Durante el debate, legisladores oficialistas defendieron la iniciativa como una herramienta para dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad. En cambio, sectores opositores cuestionaron que las modificaciones puedan afectar derechos adquiridos y debilitar el poder de negociación de los trabajadores.
Con la media sanción en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un tratamiento intenso y con negociaciones abiertas. El resultado final dependerá del equilibrio de fuerzas políticas y de las eventuales modificaciones que se introduzcan en esa instancia.
Con cambios de último momento, el Senado dio media sanción a la reforma laboral
El oficialismo consolidó la media sanción de la reforma laboral en el Senado tras una jornada de intensas negociaciones y ajustes de último momento al proyecto, en medio de tensiones políticas y presión sindical.
La estrategia oficialista consistió en revisar varios artículos del dictamen original para asegurar el respaldo de aliados parlamentarios y sectores con posiciones más moderadas. Entre las modificaciones más relevantes que se introdujeron en las últimas horas se encuentra la preservación de la obligatoriedad de los aportes a sindicatos y cámaras empresarias, con topes menores a los inicialmente propuestos y sin la transición a esquema voluntario programada para 2028.
Además, el Gobierno reformuló un esquema de remuneraciones para casos de enfermedad o accidente que fija compensaciones del 50% al 75% del salario por entre tres y seis meses, según la situación del trabajador. También se habilitó la intervención de una Junta Médica cuando las certificaciones de incapacidad difieran entre empleado y empleador.
Otro punto sensible que se consolidó en el texto es la incorporación de un anexo para transferir progresivamente la competencia de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un cambio que generó discusiones internas entre legisladores.
La decisión de mantener la obligatoriedad de las contribuciones sindicales y empresariales con límites marcados fue clave para sellar apoyos en filas diversas del Senado, donde el oficialismo contaba con una base de votos que, según sus cálculos, superaba la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.
Mientras la sesión se extendía y los cambios se negociaban sobre la marcha, la campaña de comunicación del Gobierno insistió en que las reformas son necesarias para actualizar un sistema laboral que consideran “desfasado”, promover la formalización del empleo y reducir la litigiosidad. Sectores opositores, en cambio, cuestionaron que los ajustes de último momento beneficien más a las cámaras empresarias que a los trabajadores y advirtieron sobre riesgos de precarización laboral.
