El Gobierno nacional confirmó que presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los disturbios registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que se trató de una acción organizada que buscó alterar el orden institucional.
La funcionaria afirmó que los incidentes superaron el marco de una protesta tradicional y describió la presencia de elementos peligrosos entre los manifestantes. “Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, expresó.
Monteoliva remarcó que la intención no fue únicamente agredir a las fuerzas de seguridad. “Fue un acto de terrorismo”, afirmó la funcionaria, y adelantó que el Ejecutivo consolidará la información recabada para realizar una presentación ante la Justicia federal bajo la figura prevista en la Ley Antiterrorista N° 26.734.
Según explicó la Ministra, la calificación penal implicaría un cambio sustancial respecto de otras imputaciones habituales en este tipo de episodios. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, indicó.
En relación con el operativo desplegado, Monteoliva defendió el accionar policial y aseguró que se aplicaron los protocolos vigentes, al tiempo que señaló que la prioridad fue dispersar los focos de violencia mediante el uso de agua y gases antes de avanzar con detenciones puntuales.
“La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, sostuvo la funcionaria. Ante cuestionamientos sobre la ausencia de detenciones inmediatas en algunos casos, respondió: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas Molotov”.
Monteoliva también se refirió a las críticas sobre la actuación de los efectivos que custodiaban las vallas frente al Congreso. “Cada valla pesa cien kilos, no es una latita. El esfuerzo y la expertise para amarrarla es fundamental, porque si se caen pueden provocar un efecto dominó peligroso para todos”, explicó.
En cuanto a la investigación, la Ministra confirmó que ya fueron identificadas más de diecisiete personas y que el número de detenidos superó las setenta durante la jornada. La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, con intervención judicial para el análisis de imágenes y registros.
El proceso de identificación incluye el uso de cámaras de fuerzas federales, del Gobierno porteño y material audiovisual difundido por medios de comunicación. Monteoliva detalló que los perfiles de los implicados son diversos en edad y procedencia, con mayoría de personas de la provincia de Buenos Aires y también de la Ciudad, Tucumán y Salta.
Finalmente, la Ministra rechazó versiones que señalaban la presencia de infiltrados entre los manifestantes. “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate pensar que el Gobierno genere ese tipo de situaciones”, afirmó la funcionaria de Seguridad, y aseguró que toda la actuación oficial se encuentra documentada y judicializada.
Balance del operativo en el Congreso
De acuerdo con el balance oficial, la jornada dejó más de setenta detenidos y siete efectivos con lesiones, sin heridos de gravedad entre civiles. “Dentro del balance del día, por suerte solo fueron siete efectivos golpeados y los civiles lastimados no tuvieron heridas de gravedad”, señaló Monteoliva.
La Ministra cuestionó además la rapidez con que, según su visión, suelen disponerse liberaciones en este tipo de causas. En ese sentido, Monteoliva adelantó que se evaluarán eventuales ajustes en los protocolos de seguridad para futuras movilizaciones, que incluirá controles más estrictos sobre mochilas y objetos transportados en las marchas.
En otro tramo de sus declaraciones, la funcionaria de Seguridad se refirió a la media sanción obtenida en Diputados para la baja de la edad de imputabilidad. Consideró que se trata de una medida orientada a dar respuesta a familiares de víctimas de delitos cometidos por menores.
“Me pareció realmente empezar a saldar una deuda con los familiares de las víctimas. Es un desafío grande, pero es responderle a quienes también son víctimas indirectas de muchísimas situaciones”, concluyó la funcionaria.
