Tras la sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno pretende que en la primera semana de marzo, bajo sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario. El texto, que ingresó a la Cámara baja el jueves último, busca reformular la normativa 27.795, que tuvo insistencia opositora, con un ajuste por inflación para gastos, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela.
El texto se trabajó en despachos de Balcarce 50 e intervinieron en su redacción la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy, y la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro Álvarez.
Precisamente, Álvarez, uno de los principales referentes de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo en la Casa Rosada un día previo a la presentación del proyecto en el Congeso. Se trata de un dirigente de confianza para el asesor presidencial Santiago Caputo.
El panorama
En la Casa Rosada hay optimismo en torno a la iniciativa. En el entorno de Javier Milei creen que será sancionada gracias a los aliados cuando el Congreso retome su trabajo tras el periodo de sesiones extraordinarias, junto con otros proyectos que también consideran relevantes como la reforma tributaria que “ordena el sistema de impuestos”.
Los cambios en el sistema previsional no serán discutidos este año por los menos. En el Gobierno evalúan que para implementar modificaciones primero se debe fortalecer un mercado laboral con trabajadores formales, en blanco, que aporten al sistema. Calculan que, con la ley sancionada el jueves, eso sucederá en los próximos años.
Cómo es el proyecto
En torno a la iniciativa, el artículo 3° (que sustituye el art. 3° de la 27.795) busca que la actualización de los gastos de funcionamiento confluya con la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.
Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.
A su vez, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”.
Por otro lado, en relación a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.
Las primeras críticas
Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, uno de los gremios que agrupa a los docentes universitarios, consideró este viernes que el proyecto del Gobierno “consolida el ajuste sobre nuestros salarios”.
En ese marco, planteó la necesidad de “el pleno cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, porque así lo dispuso el Parlamento, así lo dispuso el pueblo argentino en las calles y así lo ratificó además el juez Martín Cormick”.
“Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”, anunció.
(NA)
