La empresa Cervecería y Maltería Quilmes anunció que avanzará con un recorte de personal en su planta operativa de Zárate, donde más de la mitad de los trabajadores dejarán sus puestos a través de un programa de retiros voluntarios. La compañía pasará de una dotación de 260 empleados a apenas 80 y reducirá su esquema de producción de tres turnos diarios a uno solo.
La decisión fue acordada con la comisión interna de la planta, que atribuye la medida a una caída del 45% en las ventas respecto de 2025 y a los problemas financieros que la empresa venía arrastrando como consecuencia de la retracción del consumo y la mayor apertura de importaciones. El ajuste busca evitar un escenario más crítico para la operación local.
Desde la representación gremial señalaron que la negociación se dio en un contexto de alta tensión, ante la posibilidad concreta de un freno total de la producción e incluso el cierre definitivo de la planta. «La idea es seguir manteniendo el envasado de cerveza con una dotación más acotada», explicó Horacio Romero, referente sindical del establecimiento, al referirse al esquema que quedará vigente tras la reestructuración.
El comienzo de 2026 encontró a la industria atravesada por una crisis más amplia que impacta en distintos sectores manufactureros. En el caso puntual del negocio cervecero, el avance de las importaciones aparece como un factor determinante en el deterioro del mercado interno.
De acuerdo con un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (Cien), elaborado sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025, un salto que profundizó la competencia externa en un contexto de consumo debilitado y presión sobre los costos locales.
Importaciones en la mira, tras el caso Fate
La crisis de la empresa de neumáticos FATE puso al discurso del gobierno ante su test más exigente: debe sostener la filosofía aperturista, lo que implica que el acceso de los consumidores a productos de bajo precio es mejor que sostener empleos industriales poco competitivos.
Y en esa «batalla cultural» está permitido usar armas de grueso calibre, como por ejemplo denunciar planes de conspiración política, como insinuó el propio Javier Milei al marcar el sugestivo «timing» de Javier Madanes Quintanilla para anunciar el cierre de FATE justo en pleno debate sobre la reforma laboral.
También se reflotó otra acusación grave, que ya se había escuchado a fin del año pasado, cuando la planta de Whirlpool cesaría la fabricación de lavarropas en su planta de Pilar por el bajón del consumo y la competencia importada. En ese momento, economistas afines al gobierno argumentaron que la actividad industrial en los últimos 20 años ha sido, en realidad, una excusa para obtener rentas financieras.
La explicación es que, en regímenes muy regulados -con cepo cambiario y cierre importador-, al industrial argentino le convenía tomar préstamos en pesos a tasas bajas, que luego se terminaban licuando con la inflación. Y que eso se completaba con un subsidio de hecho a la importación de insumos, porque se les daba prioridad para acceder al tipo de cambio oficial.
No por casualidad, los militantes del gobierno hicieron circular en las redes sociales una charla entre Madanes e industriales del rubro textil, en el que el líder de Aluar reconoce que, al final del gobierno de Alberto Fernández se produjo una masiva acumulación de stock, con la premisa de que sobrevendría un período de tipo de cambio alto, pero que eso finalmente no ocurrió, con lo cual el stock salió a la venta mucho más lentamente de lo previsto.
Felipe Núñez, uno de los principales asesores de Toto Caputo, fue quien tomó la voz acusatoria en esta polémica, al calificar a Madanes como «el empresaurio que durante años cobró el aluminio el doble en Argentina de lo que lo vendía en el exterior, e incluso hoy lo sigue vendiendo aproximadamente un 40% más caro en el país».
Es decir, la acusación lleva implícita la advertencia de que lo mismo que le ocurrió al rubro del neumático con la competencia importada le podría ocurrir al sector del aluminio.
FATE, la punta del iceberg
En un ambiente hipersensibilizado tras la pelea con Paolo Rocca, líder de Techint -a quien Milei bautizó «Don Chatarrín de los tubos caros»-, se vuelve a instalar la eterna polémica: ¿la industria argentina no puede competir si no cuenta con protección estatal? ¿O, como afirman los industriales, Milei está practicando un liberalismo ingenuo que no se aplica en ningún país industrializado, donde los subsidios y los cupos de importación están a la orden del día?
El motivo por el cual le cuesta cada vez más defender su discurso al gobierno es que, lejos de tratarse de casos aislados, las empresas en crisis y con pérdida de empleo son la generalidad. Los números son elocuentes al respecto: en la industria se está usando, en promedio, apenas un 53,8% de la capacidad instalada, y hay casos extremos, como el automotor, donde el uso es de sólo el 31% de la planta-.
El gobierno se defiende con datos como el de la relativa estabilidad del empleo, después de que el censo del Indec publicara para el tercer trimestre del año pasado una desocupación de 6,6%. Sin embargo, los economistas críticos afirman que esa estadística oculta una realidad preocupante: en dos años se perdieron unos 200.000 puestos de trabajo informales -la mayor parte en el sector industrial-, mientras que los nuevos empleos están, sobre todo, en el cuentapropismo y los nuevos trabajos de servicios por aplicaciones de internet.
Y los economistas críticos recuerdan que no sólo está en crisis la «industria protegida» sino que también pasaron zozobras empresas del agro y del sector energético, los supuestos «ganadores» del modelo. En la lista hay nombres como Bioceres, Agrofina, Aconcagua y President Petroleum.
(Iprofesional)
