Diputados de la oposición presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Salarial Educativa por cinco años y otorgar un aumento de hasta $119.473 sobre los ingresos de los docentes estatales de todo el país para subsanar la pérdida del poder adquisitivo generada durante el gobierno de Javier Milei. Afirman que los salarios de los educadores perdieron un 19% en dos años. También proponen usar fondos no ejecutados por Nación para inversión en infraestructura escolar.
La iniciativa fue presentada por diputados de múltiples vertientes políticas, entre los que se destacan miembros de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, entre otros, quienes destacan que en 19 de las 24 jurisdicciones se generaron retrocesos en los salarios docentes.
Entre los motivos que esgrimen los legisladores, señalan que durante el gobierno libertario la inversión educativa real cayó 47,7%, una contracción del 37,6% en relación al PBI (0,82% en 2025 – 1,4% en 2023), el nivel más bajo de los últimos 20 años (2005).
Se suma también la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), al que definieron como «un componente clave del salario que complementaba los ingresos docentes en todo el país», junto con la ausencia de una paritaria nacional que ordene el salario y el veto a leyes de financiamiento educativo. «El ajuste educativo no sólo lo sufre el sistema universitario, la educación obligatoria lo sufre con igual virulencia», denuncian.
Aseguran también que el ajuste en la educación «pone de manifiesto una incongruencia en el relato oficialista», ya que, al mismo tiempo, el el Poder Ejecutivo, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), declaró a la educación como un «servicio esencial». «Declarar la educación como prioritaria en los papeles pero desfinanciarla en los hechos, eliminando el FONID y paralizando las paritarias, revela que la «esencialidad» es utilizada apenas como una herramienta de control y no como un compromiso real con la calidad educativa o la dignidad de quienes sostienen las aulas», criticaron.
Cómo es la propuesta de la oposición para aumentar salarios docentes
Los diputados proponen otorgar un Complemento Federal para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal de $52.269 por mes, y una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes se desempeñan en escuelas de alta vulnerabilidad. El financiamiento de las partidas se realizaría con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
«El proyecto establece un mecanismo claro, transparente y automático para que los recursos impacten directamente en el salario docente. Es una decisión concreta para terminar con el uso discrecional de los ATN y garantizar federalismo real», afirman y agregan que permitiría otorgar hasta $119.473 adicionales por cargo entre marzo y diciembre. «Se trata de una mejora concreta que impacta de manera directa en el bolsillo de quienes están en el aula», sostienen.
Por otro lado, también proponen destinar fondos para revertir el deterioro de la infraestructura escolar. El dinero provendría de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional correspondientes a 2025 que no fueron ejecutados. Se trata de un total de $740.500 millones, para obras, reparaciones y mantenimiento en todo el país: el 75% será destinado a la mejora de la infraestructura edilicia educativa de gestión estatal de nivel inicial, primario y secundario, mientras que el restante 25% irá a establecimientos de educación técnica de nivel secundario de gestión estatal.
«Es una inversión clave para sostener a 44.460 escuelas, 7.458.411 estudiantes y 916.674 trabajadores de la educación que hoy se ven afectados por el recorte», afirman y agregan que el proyecto se presenta como «una herramienta urgente para recomponer ingresos y garantizar el funcionamiento real del sistema educativo argentino». Además, resaltan que para su financiamiento «no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación» sino que «reasigna recursos ya existentes».
“La situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del gobierno. El poder ejecutivo nacional ha optado por desestimar su responsabilidad en la materia, transfiriendo el costo de la crisis a las provincias”, señalaron los autores del proyecto.
“Ante la retracción del Estado nacional, el Congreso debe ejercer su rol de garante del derecho a la educación. La sostenibilidad del sistema es inseparable de salarios dignos para los docentes y los trabajadores de la educación”, sostuvo Nicolás Trotta, uno de los impulsores del proyecto.
“Mientras el gobierno nacional elimina herramientas como el FONID, fija aumentos en cuotas que no alcanzan y profundiza el ajuste educativo, nosotros proponemos una herramienta concreta para recomponer ingresos y sostener el sistema educativo”, afirmó.
La iniciativa cuenta con la firma de los diputados Nicolás Trotta de la Provincia de Buenos Aires, Natalia De la Sota de Córdoba, Miguel Ángel Pichetto de Buenos Aires, Guillermo Snopek de Jujuy, Marcela Pagano de Buenos Aires, Sebastián Galmarini de Buenos Aires, Esteban Paulón de Santa Fe, José Glinski de Chubut, Mónica Frade de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Moira Lanesan Sancho de Santa Cruz, Agustina Propato de Buenos Aires, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Martín Aveiro de Mendoza, Jorge Chica de San Juan, Cristian Andino de San Juan, Pablo Yedlin de Tucumán, Ernesto Alí de San Luis, Luis Basterra de Formosa, Raúl Hadad de Corrientes, Santiago Roberto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Mango de Río Negro y Pablo Todero de Neuquén.
(Ambito)
