El Gobierno alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre, que tenían sentencias firmes a su favor por unos US$500 millones en causas abiertas por el default de 2001. Las partes comunicaron el entendimiento ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska. A partir de ese avance, pidieron suspender el litigio en curso mientras se termina de formalizar la conciliación.
La notificación fue presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los abogados que representan al Estado argentino y a los acreedores. En el escrito, informaron que se logró un acuerdo preliminar para cerrar la disputa judicial y solicitaron que ese proceso quede en pausa hasta que se definan los términos finales.
El entendimiento involucra a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que mantenían demandas activas contra la Argentina vinculadas al default declarado en 2001. Ambos acreedores contaban con fallos firmes a su favor por unos US$500 millones. Para cobrar esas sentencias, esos fondos impulsaron a lo largo de los años medidas judiciales para intentar embargar activos del país en el exterior.
En el caso de Bainbridge, la Justicia estadounidense ya había fallado a su favor por unos US$95 millones más intereses. En el caso de Attestor, contaba con sentencia firme por U$S460 millones y había logrado embargar US$209 millones del colateral de los bonos Brady que la Argentina tenía depositados en Nueva York porque no podía sacarlos hasta su vencimiento, en 2023.
Sin embargo, la jueza Preska había congelado US$100 millones de ese colateral a la espera de que Bainbridge y Attestor se pusieran de acuerdo sobre quién tenía prioridad en el cobro y cómo lo iban a repartir. Este martes, los fondos informaron que llegaron a un entendimiento sobre ese monto.
Según la comunicación presentada ante Preska, el avance del acuerdo llevó a ambas partes a solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales en marcha. En particular, pidieron dejar en pausa una presentación realizada por Bainbridge en octubre de 2025, en la que el fondo había solicitado la entrega de las acciones del Estado argentino en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas como forma de cobro.
Ese pedido de embargo quedaría momentáneamente sin efecto mientras se avanza en la formalización del entendimiento. La presentación aclara que el tribunal será informado más adelante sobre el estado de las negociaciones y sobre cualquier eventual necesidad de reactivar el proceso.
Sin embargo, el escrito no hace referencia a otra de las iniciativas judiciales impulsadas por Bainbridge: la moción mediante la cual buscó obtener el traspaso de acciones de YPF en manos del Estado argentino. Es probable que eso tenga que ver con que la Argentina es representada por un estudio de abogados diferente en esa causa.
Attestor, por su parte, es un fondo con sede en las Islas Caimán que inició su disputa judicial contra la Argentina en 2014, tras adquirir deuda soberana en default luego de su creación, en 2012.
“Este es el primer caso de la era Milei que se cierra como consecuencia de haber satisfecho las necesidades financieras de los demandantes. La Argentina no pagó, sino que la embargaron y, como los demandantes se dan por cobrados, se cierra el caso”, explicó Sebastián Maril, el analista de Latam Advisors que sigue los litigios internacionales contra el país.
El conflicto con estos acreedores forma parte de los litigios derivados del default declarado por la Argentina en 2001. En los años siguientes, el país impulsó reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010, que lograron una adhesión mayoritaria de los bonistas.
Una nueva negociación con los holdouts se concretó en 2016, cuando el gobierno argentino alcanzó acuerdos con la mayor parte de los fondos que habían iniciado demandas en tribunales de Nueva York. Esos pagos permitieron cerrar gran parte de los litigios abiertos por la cesación de pagos.
Sin embargo, un grupo reducido de acreedores decidió continuar con sus reclamos judiciales. Ese remanente de demandas es el que ahora comenzó a resolverse con el principio de acuerdo informado ante la jueza Preska. (TN)
