El rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, expuso ayer junto a la vicerrectora Andrea Castellano el informe de gestión 2025 ante la Asamblea Universitaria poniendo acento en las consecuencias de la inundación en Bahía Blanca y en las restricciones presupuestarias generales en las casas de altos estudios del país.
“El 2025 no fue un año más; fue el año en que la Universidad del Sur fue puesta a prueba en todas sus dimensiones –dijo Vega–. Navegamos un escenario de asfixia económica sin precedentes y enfrentamos una campaña de desprestigio que pretendió horadar el lazo de confianza más sagrado que tenemos: el de nuestra sociedad con su universidad pública”.
La máxima autoridad de la UNS dijo que “la inundación que invadió nuestras aulas y laboratorios no sólo dañó paredes y equipos, también intentó golpear el ánimo de una comunidad que ya venía castigada, pero lo que vivimos tras el desastre revela nuestra verdadera estatura moral. Hoy, la UNS está de pie. No por inercia, sino por voluntad. Salimos de esta crisis con cicatrices, pero con una identidad fortalecida”.
Respecto de las marchas contra el gobierno de Javier Milei en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contaron con el respaldo de distintos actores de la sociedad, así como la participación de la universidad en la recuperación comunitaria post inundación, Vega y Castellano concluyeron que “el 2025 fue el año en que la UNS terminó de romper cualquier vestigio de barrera o burbuja con la sociedad”.
En el informe económico difundido por la institución se indicó que el crédito total disponible de la UNS durante 2025 ascendió a 70.953 millones de pesos, de los cuales 62.921 millones (89%) se destinaron a gastos en personal (sueldos) y 8.032 millones (11%) a gastos de funcionamiento.
Los recursos propios alcanzaron los 1.312 millones de pesos, mientras que las economías del ejercicio anterior aportaron otros 1.317 millones. Asimismo, se destacó que el incremento salarial del 15,3% resultó insuficiente frente a una inflación interanual del 31,5%, «lo que profundizó la pérdida del poder adquisitivo y tensionó la gestión de los recursos institucionales».
Acerca del impacto económico de la inundación trágica del 7 de marzo, se detalló que el relevamiento de daños identificó más de 800 equipos afectados, además de pérdidas en bienes de consumo y mobiliario.
A ello se sumó la asistencia extraordinaria gestionada ante el gobierno nacional, que incluyó un primer aporte de 500 millones de pesos y un refuerzo adicional de 1.100 millones hacia fines del año. El informe también mencionó que, en una evaluación integral posterior, las pérdidas totales en infraestructura, equipamiento y bibliografía fueron estimadas en 13,6 millones de dólares.
En cuanto a la respuesta institucional y solidaria, se subrayó que la campaña #ReconstruirUNS logró reunir más de 300 millones de pesos en donaciones, a lo que se sumaron 220 millones aportados por otras universidades nacionales para la reconstrucción de la Biblioteca Central.
Además, se destacó la masiva participación de la comunidad, con más de 2.300 voluntarios involucrados en tareas de asistencia y recuperación, y la recepción de al menos 25 envíos de camiones con donaciones provenientes de distintas instituciones.
“Estos datos evidenciaron la magnitud del esfuerzo colectivo que permitió sostener tanto la reconstrucción material como el acompañamiento a la comunidad afectada”, se destacó. (La Nueva)
