El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto denominado “Ley de Hojarascas”, una iniciativa que propone la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, innecesarias o incompatibles con los principios constitucionales vigentes. Impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el texto retoma una propuesta presentada en 2024 que no logró ser sancionada antes de perder estado parlamentario. La intención oficial es depurar el sistema legal argentino eliminando regulaciones que, según el Gobierno, generan trabas, costos innecesarios y limitaciones injustificadas a derechos y actividades.
El proyecto se basa en un análisis de la legislación vigente desde 1864 hasta la actualidad y organiza las normas a derogar en seis categorías, abarcando más de 80 leyes, decretos y artículos. Entre los argumentos centrales se sostiene que la acumulación de normas desactualizadas contribuye a la burocracia estatal y, en algunos casos, ha sido utilizada para restringir libertades o crear privilegios incompatibles con un Estado de derecho. Como ejemplo, se mencionan regulaciones anacrónicas como la obligación de contar con un “carnet de mochilero” o disposiciones que penalizan denuncias contra el Estado ante organismos internacionales.
También se incluyen leyes que han quedado sin efecto por normativas más modernas, como la antigua legislación sobre vacunación contra la viruela, superada por la Ley N° 27.491, o normas vinculadas a seguros agrícolas que perdieron vigencia tras cambios en el Código Civil. Asimismo, se apunta a disposiciones desfasadas por el avance tecnológico, como las que regulaban la microfilmación de documentos en las Fuerzas Armadas o la autorización de la televisión a color, hoy irrelevante en el contexto digital.
Otro eje del proyecto es la eliminación de normas que imponen controles considerados inconstitucionales o excesivos, como aquellas que habilitan la supervisión estatal de reuniones privadas o que sancionan conductas vinculadas a expresiones políticas. También se propone suprimir leyes que generan cargas administrativas sin sentido, como la obligación de registrar mapas para usos comerciales o la creación de organismos y fondos que nunca funcionaron.
Entre los casos destacados figura la eliminación de beneficios o regulaciones sin aplicación actual, como los padrinazgos presidenciales o los permisos especiales para legisladores. El Ejecutivo sostiene que esta depuración permitirá simplificar el marco normativo, reducir costos y adecuar la legislación a las necesidades contemporáneas.
Con información de Infobae
