Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización será el 12 de mayo y tendrá como punto de concentración la Plaza de Mayo, en lo que será la cuarta protesta del sector desde la asunción del presidente Javier Milei.
La convocatoria, bajo la consigna “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). El llamado incluyó a estudiantes y a la sociedad en general, con el objetivo de ampliar el alcance del reclamo.
El eje central de la protesta será la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso, que establece mecanismos de actualización para los gastos de funcionamiento, los salarios y las becas. Las autoridades universitarias sostienen que la norma no se está cumpliendo y que eso impacta en el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios.
La nueva marcha se inscribe en una serie de medidas de visibilización que el sector viene desplegando en los últimos meses. La semana pasada se realizó un paro a la japonesa, con actividades abiertas a la comunidad, clases públicas y servicios gratuitos en distintas facultades.
Un conflicto que se mantiene activo
El reclamo por el financiamiento universitario se sostiene desde 2024 y ya tuvo tres movilizaciones federales. La primera se realizó en abril de ese año y marcó la primera gran protesta contra el Gobierno, con foco en la actualización de los gastos de funcionamiento.
Con el paso de los meses, el conflicto se desplazó hacia la cuestión salarial. Las universidades advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes y señalan dificultades para sostener actividades académicas y de investigación.
La ley vigente establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar actualizaciones periódicas tanto para salarios como para partidas presupuestarias. También contempla la actualización de becas estudiantiles, un punto que las universidades consideran clave para sostener el acceso al sistema.
En paralelo, el conflicto avanzó en el plano judicial. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.
La postura del Gobierno y el escenario abierto
El Gobierno mantiene su rechazo a la implementación de la norma. Argumenta que la ley no define fuentes de financiamiento específicas y que su aplicación podría afectar el equilibrio fiscal. En esa línea, presentó recursos judiciales y avanzó con iniciativas legislativas alternativas.
En el Congreso, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto que modifica la ley vigente y reduce el alcance de las actualizaciones previstas. La propuesta no contempla la recomposición correspondiente a 2024 y plantea ajustes acotados para este año.
Mientras tanto, las universidades sostienen el reclamo en distintos frentes. La convocatoria a una nueva marcha busca reinstalar el tema en la agenda pública y sumar presión para que se cumpla la normativa vigente en un conflicto que, por ahora, sigue abierto. (TN)
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