Un fallo de la Justicia Federal volvió a ponerle un límite a las decisiones del Gobierno nacional en materia social. El juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, ordenó la restitución del programa “Volver al Trabajo” y dispuso que se mantenga el pago a los 951.871 beneficiarios en todo el país.
La medida se dictó en el marco de un amparo colectivo presentado el pasado 13 de abril por cinco trabajadores de la economía popular, quienes denunciaron que la eliminación del programa implicaba un recorte directo del salario y una vulneración de derechos sociolaborales en un contexto de fuerte deterioro económico.
A través de una medida cautelar de aplicación inmediata, el magistrado estableció un plazo de tres días para que el Ministerio de Capital Humano garantice la continuidad de las prestaciones económicas. En concreto, ordenó que el Estado “mantenga la vigencia de las prestaciones” que venían percibiendo los beneficiarios.
El fallo cobra especial relevancia frente a la decisión oficial de discontinuar el programa, que había sido anunciada como definitiva a partir de abril. La resolución judicial, sin embargo, introduce un freno: el ingreso no puede ser interrumpido mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
En su argumentación, el juez consideró que el programa cumple una función esencial como “ingreso mínimo de carácter alimentario”, integrado a políticas de inclusión sociolaboral. Bajo esa premisa, entendió que su eliminación abrupta podría generar un daño irreparable para casi un millón de familias.
Al tratarse de un amparo colectivo, la medida tiene alcance general y actúa como una protección inmediata para todos los beneficiarios del programa en el país, más allá de los demandantes originales.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organización que viene impulsando reclamos en defensa del programa, celebraron la decisión judicial y la definieron como un freno a lo que calificaron como un intento de desmantelamiento de derechos. “El Salario Social Complementario nunca fue un regalo ni un privilegio, sino el reconocimiento a formas de trabajo que sostienen la vida en los barrios”, señalaron.
Sin embargo, el escenario sigue abierto. Ante antecedentes de incumplimientos por parte del Ejecutivo frente a decisiones judiciales similares, la organización advirtió que se mantendrá en estado de alerta y movilización para garantizar que el fallo se cumpla efectivamente.
