El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa un escenario de fuerte ajuste en el marco de las políticas del Gobierno de Javier Milei, que ya había intentado su cierre mediante un decreto posteriormente anulado por el Congreso.
En ese contexto, las autoridades del organismo pusieron a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) unas 47.500 hectáreas distribuidas en todo el país, con el objetivo de avanzar en su venta, lo que encendió alarmas en distintos sectores.
Frente a esta situación, la provincia de Buenos Aires solicitó formalmente que esas tierras sean transferidas al Ministerio de Desarrollo Agrario, con el fin de preservar su uso para investigación y desarrollo productivo.
“Hemos solicitado que esas tierras se traspasen porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación”, afirmó el ministro bonaerense Javier Rodríguez, quien confirmó que el pedido ya fue elevado al Gobierno nacional y se encuentra a la espera de una respuesta.
La iniciativa se suma a otros reclamos de la Provincia ante Nación, en medio de un escenario de tensión por recursos y políticas públicas. En este caso, el objetivo es evitar que el INTA se desprenda de casi la mitad de sus tierras, considerando que posee alrededor de 100 mil hectáreas en todo el país.
El proceso de ajuste incluye además el cierre de 24 agencias de extensión territorial —20 de ellas en territorio bonaerense—, junto con recortes presupuestarios, despidos y un plan de retiros voluntarios iniciado recientemente.
Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de la estación experimental del AMBA, un predio de 33 hectáreas ubicado entre Hurlingham e Ituzaingó, que podría ser uno de los primeros en salir a la venta.
Cabe recordar que en diciembre de 2024 ya se concretó el remate de la sede del INTA en Palermo por 18,5 millones de dólares, una operación que fue cuestionada por el gremio APINTA, que ahora advierte sobre un posible avance del proceso de desmantelamiento del organismo.
Desde ese sector incluso deslizan la posibilidad de acuerdos con actores privados interesados en los terrenos, en medio de un conflicto que combina intereses económicos, políticas públicas y el futuro de la investigación agropecuaria en el país.
