El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei es mucho más amplio de lo que se conocía. Entre enero de 2024 y marzo de 2026 la entidad otorgó 1.120 préstamos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) —funcionarios, exfuncionarios o personas directamente vinculadas a ellos según la categoría regulada por la Unidad de Información Financiera— sobre un total de 25.391 operaciones. Es decir, uno de cada 23 créditos fue a parar a ese universo.
El relevamiento corresponde a un pedido de informes hecho por el diario Ámbito Financiero, luego de que se conocieran datos sobre los gastos de los funcionarios, en medio del escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni, en el sitio “¿Cuánto Deben?”, creado por el especialista en datos Andrés Snitcofsky a partir de información pública del Banco Central. Alllí se identificó a funcionarios de primera línea entre los beneficiarios del programa “+Hogares”.
La categoría de PEP corresponde a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos públicos, aunque deja afuera a subsecretarios nacionales, algunos directivos de empresas públicas o sociedades con participación estatal.
Los casos individuales más resonantes incluyen al secretario de Finanzas Federico Furiase ($367 millones, unos 280.000 dólares); al director del BICE y asesor de Economía Felipe Núñez ($373 millones); al director del Banco Central Pedro Inchauspe ($510 millones); y al exjefe de gabinete de Capital Humano Leandro Massaccesi ($420 millones), luego desplazado por Sandra Pettovello. A ellos se suma el clan Menem: Sharif Menem, director de la secretaría privada en Diputados y community manager de Martín Menem, y su hermana Nazarena Menem accedieron juntos a casi $600 millones en créditos.
Ante las críticas, Furiase y Núñez salieron a defenderse públicamente. “No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, dijo Núñez en el canal de streaming Carajo. El ministro de Economía Luis Caputo intentó minimizar el escándalo: “El Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos, de los cuales menos del 0,2% corresponde a personas vinculadas al Gobierno”. El problema es que “personas vinculadas al Gobierno” no es una categoría financiera: las PEP sí lo son, y los 1.120 casos representan el 4,4% del total, no el 0,2%.
En septiembre de 2024, en plena gestión libertaria, el Banco Nación modificó la Resolución 802 de la línea “+Hogares” para incorporar expresamente a los “cargos políticos designados por resolución o electivos” entre los potenciales beneficiarios. La normativa anterior estaba dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector público, sin esa referencia específica.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia penal que hoy tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. El juez Ariel Lijo, en paralelo, pidió un informe amplio a la Auditoría General de la Nación. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades.
(El Diario Ar / Ambito)
