Los suicidios registrados en 2025 alcanzaron el nivel más alto desde que existen estadísticas comparables en la Argentina. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida durante el año, un 22,6% más que en 2024. La tasa nacional llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 9,1.
Desde 2023, el suicidio es la principal causa de muerte violenta del país. En 2025 las muertes por esta causa triplicaron a los homicidios dolosos: 5.209 frente a 1.676. Del total de las víctimas, el 78,6% eran varones, con una mayor concentración entre los 18 y los 34 años.
La tendencia fue ratificada en un informe de The Lancet Regional Health-Americas –una de las publicaciones médicas más prestigiosas– que indicó que en América desde hace 20 años el suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes viene aumentando de manera sostenida y se convirtió la tercera causa de muerte entre varones de 10 a 24 años.
Según The Lancet, las principales causas hay que buscarla en el aumento de la depresión y la ansiedad en edades cada vez a edades más tempranas, la presión que ejercen los entornos digitales y consumo de drogas.
“La mayor preocupación está puesta en los varones jóvenes, aproximadamente entre los 18 y los 34 años”, señala Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. La funcionaria observa un cambio en el perfil de los casos: “Antes era más frecuente encontrar cuadros asociados a depresiones, trastornos mentales o consumos problemáticos, pero hoy hay una vinculación creciente con las condiciones de vida y la falta de empleo”.
El deterioro del mercado laboral acompaña ese escenario. Desde noviembre de 2023 se perdieron 314.000 puestos de trabajo registrados, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La desocupación cerró 2025 en 7,5%, el nivel más alto desde la pandemia, con casi 1,7 millones de personas sin empleo. Entre los jóvenes de hasta 29 años, la tasa superó el 16% tanto en varones como en mujeres. Incluso entre quienes conservan un empleo, la necesidad de complementar ingresos crece, ya que el 12,2% de las personas ocupadas tiene más de un trabajo y, en ocho de cada diez casos, ese pluriempleo implica sostener dos ocupaciones simultáneas.
Para Calmels, las dificultades económicas aparecen cada vez con más frecuencia en las trayectorias de quienes atraviesan situaciones críticas. “Siguen existiendo factores como las rupturas vinculares, pero vemos una asociación cada vez más frecuente entre los suicidios, la pérdida del empleo y, sobre todo, el endeudamiento. Estamos encontrando personas que llegan a situaciones límite atravesadas por niveles de deuda muy severos, que generan una sensación de asfixia”, afirma.
Según el informe Nivel de Endeudamiento de los Hogares Argentinos, publicado en marzo de 2026, el 91,7% de los hogares mantiene al menos una deuda activa; el 23,5% acumula más de tres deudas simultáneas –el doble que un año antes– y uno de cada seis tiene cuentas embargadas. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la mora ronda el 40%, la tasa más alta entre los distintos grupos etarios.
Los estudios académicos también registran un peso creciente de las dificultades económicas sobre el bienestar emocional. El Relevamiento del Estado Psicológico de la Población Argentina 2025, elaborado por la Facultad de Psicología de la UBA, muestra que el 55,9% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuye a problemas económicos –como ingresos insuficientes o deudas–, por encima de las crisis vitales (52,4%) o familiares (36,4%). El mismo estudio identifica los niveles más altos de riesgo suicida entre los jóvenes de 18 a 29 años.
“El factor de la crisis económica tiene un lugar muy importante en todos los estudios que venimos realizando. Si no aparece como la principal causa de malestar emocional, aparece entre las primeras. El desempleo y la incertidumbre económica explican buena parte de los problemas de salud mental que observamos”, sostiene Cristian Garay, subsecretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA y uno de los autores del relevamiento.
El informe también advierte sobre las dificultades para acceder a tratamiento. Entre quienes consideran que necesitan atención psicológica pero no la realizan, el 43,4% señala que no puede afrontar el costo.
Para Calmels, el aumento de los suicidios debe entenderse como un fenómeno multicausal, aunque atravesado por un contexto social cada vez más complejo. “No se trata necesariamente de personas aisladas. Lo que aparece es una creciente dificultad para sostener un horizonte de vida, para imaginar un futuro, porque cuando la vida se convierte únicamente en una lucha por la subsistencia, también pierde sentido”, concluye.
Los mandatos de masculinidad
“Que entre el 75% y el 80% de los suicidios correspondan a varones no nos sorprende, es una tendencia histórica”, dice Nicolás Pontaquarto, capacitador de la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género. “Lo que sí nos llama la atención es el crecimiento de los suicidios y el desplazamiento de la edad”. En 2019, un estudio de UNICEF ubicaba la mayor prevalencia entre varones de 15 a 19 años. Hoy esa franja se corrió a los 20-30 años. “Eso obliga a preguntarnos qué pasa cuando esos jóvenes terminan la escuela e intentan insertarse en el mundo laboral. Ahí aparece una enorme dificultad para imaginar un horizonte”, agrega.
“Muchos varones tienen muy pocas herramientas para tramitar el sufrimiento o la frustración”, agrega sobre la construcción de la masculinidad. A eso se suma una relación distante con el sistema de salud. “Los varones que integran las estadísticas de suicidios, en la mayoría de los casos, nunca pasaron por el sistema de salud. Entre las mujeres suele haber más intentos, y eso permite una intervención y un seguimiento posterior”.
El mandato de proveedor sigue vigente aunque las condiciones que lo sostenían ya no existen. “Durante décadas existían empleos más estables y mayores posibilidades de proyectar una vida. Hoy esas condiciones cambiaron, pero el mandato permanece. Cuando no se cumple, aparecen frustración, fracaso y derrumbe”, describe. Además, señala que se suma un clima cultural individualista. “Se instala la idea de que pedir ayuda es un fracaso y que el otro es un competidor”.
Pontaquarto también apunta a los modelos masculinos de las redes sociales, como los influencers financieros que prometen enriquecimiento rápido. “Cuando esa promesa fracasa aparece una enorme frustración, y toda la responsabilidad recae en el individuo”, plantea.
En los talleres que da con varones en sindicatos y empresas, el endeudamiento aparece seguido. “No tenemos un registro sistemático que vincule endeudamiento y suicidio, pero esos relatos son constantes: la frustración por no sostener económicamente a la familia, las dificultades laborales, las deudas, el miedo a no cumplir con el mandato de proveedor”, cierra.
Menor presupuesto y cambios en la política de salud mental
En este contexto, se produce un ajuste significativo en Salud Mental. La Ley Nacional 26.657 establece que el área debería recibir al menos el 10% del presupuesto sanitario, pero para 2026 la asignación prevista representa el 1,42%, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El mismo relevamiento advierte que el programa presupuestario específico para implementar la ley, “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”, contará con 48 millones de pesos en 2026, lo que representa una reducción del 91,5% respecto de los recursos vigentes en 2025. A su vez, hasta septiembre de ese año se había ejecutado poco más del 30% de la partida disponible.
Uno de los casos que concentró mayores cuestionamientos fue el del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos. Tras su intervención por decreto en febrero de 2025, el Gobierno redujo su presupuesto y avanzó con la no renovación de más de 200 contratos, entre ellos profesionales de distintas disciplinas. Meses después dispuso el cierre de las seis residencias interdisciplinarias que funcionaban en el establecimiento.
En paralelo, el gobierno impulsa una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que modifica los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto, enviado al Senado en abril de 2026, reemplaza el requisito de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, lo que permitiría que un psiquiatra indique una internación de urgencia, con posterior ratificación por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.
El Diario Ar
