En los últimos dos años, los cambios en el mercado laboral no fueron significativos, pero entre quienes estaban desocupados creció el pasaje hacia el autoempleo informal. A su vez, se redujeron las chances de que aquellos sin trabajo accedieran a empleos formales, tanto en el sector privado como en el público.
Así surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que resalta que la intensificación de la participación laboral, particularmente desde 2017, se produjo sobre una estructura con limitadas oportunidades de inserción en puestos productivos y regulados. La recomposición posterior a las crisis de 2018-2020 no implicó una recuperación homogénea de la calidad del empleo.
“El mercado de trabajo argentino enfrenta dificultades recurrentes para generar empleos productivos y de calidad. Aunque esto se reconoce como un problema estructural de la Argentina, durante los últimos 15 años se agravó en un contexto de estancamiento económico, baja productividad, inestabilidad macroeconómica y fragmentación regulatoria», explicó el documento.
El deterioro no se reflejó en un aumento marcado de la desocupación, como ocurrió en los 90, sino en una degradación de las condiciones laborales y salariales.
Entre los trienios 2011-2013 y 2023-2025, se incrementó la proporción de personas que, tras quedar sin empleo, pasaron al autoempleo informal, al subir de 24,1% a 29,5%. En contraste, disminuyó el tránsito desde la desocupación hacia un puesto asalariado formal o en el sector público, al caer de 24,1% a 19,6%.
Asimismo, la movilidad desde el trabajo asalariado formal hacia el autoempleo informal también se incrementó, pasando de 4,8% a 6,2%.
Como telón de fondo de este escenario, el ODSA advirtió sobre las limitaciones del sistema productivo para conciliar procesos de inversión sostenida y expansión de los sectores intensivos en mano de obra.
Se percibe una alternancia entre dos motores de crecimiento: actividades que generan mucho empleo, con baja productividad y orientadas al mercado interno, y otras de alta rentabilidad ligadas a recursos naturales, finanzas o servicios empresariales, que tienen escaso impacto directo en la creación de puestos de trabajo.
El ODSA remarcó que uno de los rasgos más destacados del nuevo ciclo es que el crecimiento de la economía convivió con una destrucción neta de empleos registrados.
“La recuperación del PBI no garantiza, por sí misma, una recomposición equivalente de la ocupación formal”, aseguró.
De este modo, la principal transformación de los últimos años fue la recomposición del empleo hacia sectores de menor productividad y más desprotegidos.
Ello también se traduce en menores niveles de ingresos, particularmente entre los ocupados precarizados que se desempeñan en el sector microinformal. Se trata de:
- Patrones/empleadores en microestablecimientos de hasta 5 ocupados
- Trabajadores por cuenta propia de calificación no-profesional
- Obreros/empleados en microestablecimientos de hasta 5 ocupados
- Trabajadoras del servicio doméstico en hogares particulares
En esa línea, se suele hablar de una “uberización” del mercado laboral, en la que quienes pierden su empleo formal o necesitan complementar sus ingresos recurren al trabajo en plataformas. El problema es que esos servicios ya comienzan a mostrar signos de saturación, lo que conlleva una disminución de las remuneraciones y los beneficios.
Así, el ODSA ve una reorientación regresiva de las trayectorias y movimientos que reflejan estrategias de refugio.
El informe concluyó que la evolución político-económica-productiva, que afectó la estructura social del trabajo, expresa “una desarticulación persistente entre crecimiento, productividad y empleo protegido, donde reconciliar dinamismo productivo con generación de empleo de calidad ha resultado esquivo».
En paralelo, se evidencia una mayor fragmentación institucional, ya que, si bien Argentina preservó una normativa protectora para los asalariados, su efectividad se ha visto erosionada por el alza del autoempleo y del trabajo no registrado.
El retroceso se concentra sobre todo en el segmento microinformal, aunque no se limita a él: también alcanza al sector privado “en blanco”, cuyos trabajadores igualmente presentan una probabilidad relativa 18 veces mayor de ubicarse en el estrato de mayores ingresos.
“La movilidad ocupacional reciente no opera como canal de integración o ascenso, sino como ajuste defensivo de los trabajadores que, frente a la insuficiencia de empleos formales, regulados y mejor remunerados, resultan expuestos a mayores riesgos de precarización y peores ingresos”, indicó.
Analizando posibles soluciones a este panorama, Ramiro Robles, investigador del ODSA, planteó que sería importante fortalecer las políticas de coordinación salarial y de determinación del salario mínimo, pero también promover la formalización.
No obstante, apuntó que ese proceso no debe entenderse únicamente como una cuestión de registro o de cumplimiento de normas, sino también de generar canales para incorporar a quienes hoy operan por fuera de las instituciones fiscales, previsionales y laborales.
Según explicó, una parte importante de ese universo permanece en la informalidad no porque encuentre una ventaja en esa condición, sino porque sus márgenes de maniobra productivos son muy limitados.
Por eso, señaló que es necesario priorizar políticas públicas que permitan absorber a una parte de esa población a través del crecimiento económico, con la creación de nuevos empleos de mayor calidad en empresas más dinámicas, sectores más estructurados y con mayor capital.
En cuanto a la reforma laboral, Robles cree que esta busca transformar la regulación del trabajo hacia relaciones más contractuales entre privados, pero que, sin resolver obstáculos productivos estructurales, no logrará generar más y mejores empleos por sí sola. El especialista concluyó: “No parece evidente que en el corto plazo la situación del empleo vaya a mejorar”. (Infobae)
