Un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal para elevar las condenas por homicidios y lesiones al volante, crear un delito de conducción con alcoholemia e impedir que las causas prescriban durante las apelaciones, fue presentado en el Congreso nacional.
La iniciativa tiene como objetivo resolver tres problemas críticos. En primer lugar, en la actualidad manejar borracho no es delito y sólo se pena con una multa de tránsito. Por ello, la propuesta del radicalismo, atendiendo la demanda de los familiares de las víctimas, impulsa la creación de un delito específico para castigar la conducción alcoholizada antes de que cause muerte o lesión.
“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia. Al mismo tiempo, los umbrales previstos permiten mantener diferenciada la infracción administrativa de aquella conducta que, por la entidad del riesgo, merece una respuesta penal concreta», explicó la presidenta del bloque de Diputados de la UCR, Pamela Verasay, una de las autoras del proyecto.
En segundo término, el proyecto tiende a cambiar la normativa actual, que sostiene que quien mata al volante puede recibir condena condicional y no ir preso. En contraposición a esto, la propuesta radical obliga al cumplimiento efectivo de cárcel para el que cometa este tipo de delitos, aumentando también la inhabilitación para conducir como castigo.
“De esta manera -explicó la legisladora- actualizamos las penas para que las condenas reflejen la gravedad de los hechos y que no sea un delito fácilmente excarcelable. En pocas palabras, queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas».
Actualmente, las condenas prescriben mientras se tramitan apelaciones en tribunales superiores. El proyecto de Verasay y Lisandro Nieri propone terminar con esto y que la sentencia que confirma la condena interrumpa la prescripción, es decir, que el caso no concluya mientras haya revisión judicial.
«No resulta razonable que el tiempo que demanda el control judicial de una sentencia condenatoria pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores. Cuando una conducta vial especialmente grave deja como consecuencia una muerte o una lesión irreversible, el ordenamiento debe contar con una respuesta penal adecuada», señaló Verasay. (con información de NA)
