La Justicia de Entre Ríos investiga un presunto desvío de fondos destinados a la compra de alimentos para 37 escuelas de Concordia. Las irregularidades detectadas superan los $103 millones y la principal acusada es Silvina Murúa, excoordinadora de la Dirección de Comedores de esa ciudad.
Cómo funcionaba el sistema de compras de los comedores escolares
Según informa el sitio Infobae, el mecanismo investigado estaba relacionado con las tarjetas de compra SIDECREER, utilizadas hasta agosto de este año para adquirir alimentos destinados al desayuno, almuerzo y merienda de los alumnos, de acuerdo con las necesidades de cada establecimiento.
De acuerdo con la investigación, el mecanismo permitía que los apoderados tuvieran acceso a los fondos y dispusieran de ellos bajo un esquema basado en la confianza. Una fuente que siguió de cerca el expediente lo describió como una maniobra «muy sencilla». En ese contexto apareció el nombre de Silvina Murúa, quien estaba al frente de la coordinación de la Dirección de Comedores en Concordia.
La empresa que concentraba las compras y el rol de Murúa
Según la acusación impulsada por la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo de la fiscal Daniela Montangie, desde enero de 2024 Murúa habría llevado adelante el operativo junto con sus hermanos Adrián y Vanesa y su cuñado Esteban Godoy. La investigación sostiene que los cuatro ejercían presiones de manera constante sobre los responsables de los comedores para que realizaran las compras en una empresa determinada.
Se trata de Ahora Voy SRL, perteneciente a los hermanos Iñaki P. y Martín P. Según la acusación, ese comercio era el lugar donde debían concretarse las compras de los establecimientos involucrados. Los investigadores también señalan que, en distintas ocasiones, las tarjetas utilizadas para las adquisiciones tenían cargados montos superiores al millón de pesos y quedaban en poder de los propietarios de la firma, quienes pasaban a disponer de esos recursos.
La causa menciona además a un séptimo involucrado, quien no tenía un cargo formal dentro de la Dirección de Comedores, pero que presuntamente era el encargado de trasladar importantes cantidades de dinero hasta Murúa.
Los chats que analiza la Justicia
Entre las pruebas incorporadas a la investigación aparecen conversaciones mantenidas por Murúa con su hermana Vanesa. En esos intercambios se hace referencia a unos cuadernos que llevaban «las de Paraná», en alusión a personas vinculadas con la administración de Rogelio Frigerio. En uno de los mensajes aparece una advertencia: «Si ven el de Ruben nos descubren todo boluda».
También fueron incorporadas conversaciones entre Murúa e Iñaki P., en las que se menciona el pago de un préstamo correspondiente a una vivienda y se analiza de qué escuela podía obtenerse el dinero. La respuesta de Murúa incluye una cifra concreta y forma parte de los elementos que ahora son examinados por la Justicia.
El expediente busca determinar, además, si los fondos que debían utilizarse para alimentar a los alumnos fueron destinados a otros fines, entre ellos la compra de inmuebles, viajes y ropa.
Una auditoría anterior ya había detectado irregularidades
La investigación actual tuvo como antecedente una auditoría realizada en junio de 2025 sobre 21 establecimientos educativos de Concordia. En aquella oportunidad se detectaron $66.143.225 cuyo uso no pudo ser justificado adecuadamente. Ese procedimiento derivó en la remoción de Murúa dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio.
Los nuevos controles volvieron a encontrar señales que llamaron la atención de los investigadores. Entre ellas aparecieron diferencias entre las partidas asignadas y las necesidades reales de las escuelas, además de aumentos que no tenían justificación en la cantidad de alumnos registrados como beneficiarios. Los auditores también encontraron establecimientos en los que la totalidad del dinero correspondiente a una partida había sido utilizada durante un solo día.
Otro dato que generó sospechas fue la concentración de las adquisiciones: las compras se encontraban agrupadas principalmente en apenas tres proveedores. Cuando los auditores solicitaron los cuadernos correspondientes a los menús de octubre y noviembre de 2024, recibieron como explicación que habían sido destruidos por roedores. Sin embargo, algunos días después fueron entregados nuevos cuadernos junto con remitos confeccionados recientemente.
La relación política de la exfuncionaria
Murúa es de origen radical y pertenece al espacio político de Marcelo López, presidente del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos. Según fuentes del gobierno provincial, el legislador, oriundo de Concordia, fue quien impulsó la designación de Murúa al frente del cargo. Las mismas fuentes indicaron que López también fue quien acercó las pruebas a la Justicia.
La exfuncionaria, sin embargo, había rechazado las acusaciones en una entrevista realizada el año pasado y sostuvo que fue ella misma quien alertó desde el comienzo sobre las presuntas irregularidades.
Según su versión, el 7 de marzo de 2025 presentó una primera denuncia por malversación de fondos junto con el diputado Marcelo López. También afirmó que en agosto amplió esa presentación y que había advertido sobre la situación a funcionarios provinciales sin obtener una respuesta. «Creo que hay muchos que sabían y no hicieron nada. Que miraron para otro lado. Y ahora, cuando todo explota, necesitan a alguien que caiga. Y me eligen a mí», sostuvo en aquella oportunidad.
La investigación por el dinero de los comedores escolares
La causa judicial intenta determinar cómo se produjo el desvío de los fondos destinados a la alimentación de los alumnos y cuál fue el destino final del dinero. La Fiscalía de Concordia encuadró las conductas investigadas en tres delitos que concurrirían de manera real: peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.
El caso adquiere una dimensión especialmente sensible por el contexto social de la ciudad. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2025, Concordia registraba un 49,9% de personas en situación de pobreza y un 13,6% de indigencia.
Mientras avanza la investigación, la Justicia busca reconstruir el circuito de los fondos, establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados y determinar si el dinero asignado a los comedores escolares terminó siendo utilizado para fines ajenos a la alimentación de los estudiantes.
El Dia / Infobae
