El juez federal Ariel Lijo le concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días para que presente ante la Justicia las explicaciones y la documentación destinadas a justificar la evolución de su patrimonio. La medida fue adoptada a pedido de la defensa del exjefe de Gabinete, que había planteado la necesidad de acceder y revisar pruebas incorporadas al expediente antes de responder el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita.
El plazo original vencía a las dos primeras horas de mañana miércoles 26 de agosto. Ahora, con la extensión concedida por Lijo, la defensa tendrá un nuevo período para contestar las 20 preguntas formuladas por Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había argumentado que todavía no había podido analizar en profundidad determinados archivos, conversaciones y otros elementos utilizados por la fiscalía para elaborar su requerimiento. Entre ellos se encuentran materiales obtenidos del teléfono del contratista Matías Tabar, quien realizó trabajos en una propiedad vinculada con Adorni en el country Indio Cuá.
Fuentes judiciales señalaron a MDZ que Lijo avaló el reclamo «en resguardo de la garantía del derecho de defensa y su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados al objeto procesal», al tiempo que autorizó el requerimiento de acceso a la copia de los archivos.
El pedido de explicaciones de Pollicita surgió después de un análisis patrimonial realizado por organismos especializados del Ministerio Público Fiscal. El estudio comparó declaraciones juradas, movimientos financieros, bienes, gastos, deudas y distintas operaciones realizadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Uno de los principales puntos bajo análisis es la diferencia entre los ingresos y los gastos del matrimonio. Según el dictamen fiscal, entre el 14 de diciembre de 2023, fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei, y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo como jefe de Gabinete, se acreditaron ingresos por $229.752.283,20, mientras que los gastos reconstruidos alcanzaron los $272.820.832,20. El desfasaje es de $43.068.549 y deberá ser explicado por el exfuncionario con documentación respaldatoria.
La fiscalía también puso la lupa sobre operaciones realizadas en moneda extranjera por unos US$402.578,12. Dentro de ese universo aparecen la compra y refacción de una propiedad en el country Indio Cuá, la adquisición de un departamento en la calle Miró y gastos vinculados con mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Uno de los capítulos más relevantes de la investigación tiene que ver con los US$245.000 que, según diversos testimonios, fueron abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda del country.
Adorni también deberá explicar los dólares declarados bajo el concepto de venta de activos, la adquisición de un vehículo Jeep, préstamos familiares invocados como fuente de financiamiento y el origen del dinero utilizado para distintas compras y gastos.
El capítulo de las criptomonedas es otro de los puntos que la justicia busca que el exfuncionario blanquee. Adorni había reconocido públicamente que contaba con ahorros provenientes de inversiones en bitcoin realizadas años antes de ingresar al Gobierno. La fiscalía busca determinar el origen del capital inicial, la evolución de esos fondos y la razón por la cual determinadas tenencias no aparecieron en sus declaraciones patrimoniales originales.
La investigación también analiza operaciones realizadas con tarjetas de crédito de terceros y acreditaciones que no tendrían, hasta el momento, una explicación suficiente en función de los ingresos formalmente registrados. Entre los elementos bajo análisis figuran además compras de bienes y consumos que fueron incorporados al expediente durante la reconstrucción patrimonial.
En paralelo, la fiscalía analiza los ingresos de Bettina Angeletti y la evolución de su facturación durante el período investigado para determinar qué recursos tuvo el grupo familiar y si resultan suficientes para explicar las adquisiciones y gastos detectados.
Una vez presentada la justificación patrimonial, Pollicita deberá evaluar si las respuestas y los documentos aportados permiten despejar las inconsistencias detectadas. Si considera que las explicaciones no resultan suficientes, podrá avanzar con un pedido de declaración indagatoria ante el juez Lijo.
(MDZ)
