En Magdalena, el municipio decidió modificar la forma en que se administran los recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales. A partir de la creación de la Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER), los productores, usuarios de la red vial y representantes de distintas instituciones comenzaron a participar en la definición de prioridades y en el seguimiento del destino de los fondos.
El nuevo esquema, impulsado por la gestión del intendente Lisandro Hourcade, establece que el 80% de lo recaudado a través de distintos conceptos vinculados con la actividad rural sea destinado a un fondo específico administrado por la comisión. Las operaciones se realizan a través de los canales administrativos del municipio y permanecen sujetas a los controles correspondientes.
Cónocer cuánto se recauda
El objetivo central fue responder a uno de los reclamos históricos del sector agropecuario bonaerense: conocer cuánto se recauda y garantizar que una parte significativa de esos recursos regrese al territorio en forma de obras y mantenimiento de la infraestructura rural.
«Durante muchos años, los caminos rurales fueron motivo de reclamos en toda la provincia. Y la pregunta siempre era la misma: ¿a dónde va la plata?», planteó Hourcade al explicar el origen de la iniciativa.
«En Magdalena nos animamos a hacer algo distinto, porque nadie conoce mejor las necesidades del campo que quienes lo caminan todos los días. Y así nació CASER», agregó.
De una máquina en funcionamiento a cinco
Uno de los primeros problemas que debió afrontar el nuevo sistema fue la escasa capacidad operativa del municipio para intervenir sobre la extensa red de caminos. Cuando la CASER comenzó formalmente sus actividades, el 2 de febrero de 2026, apenas una de las cinco motoniveladoras municipales destinadas al sector rural estaba funcionando.
Seis meses después, las cinco máquinas se encuentran operativas. Además, los equipos y maquinistas fueron distribuidos territorialmente para permitir una atención más descentralizada de los distintos sectores del partido.
El esquema también incorporó una camioneta para tareas operativas y avanzó en la adquisición de un camión que será utilizado para trasladar materiales.
La planificación de los trabajos dejó, además, de depender exclusivamente de estimaciones. Un relevamiento realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) determinó que la red vial rural de Magdalena tiene entre 900 y 920 kilómetros.
El estudio permitió identificar las necesidades de mantenimiento, alteos y alcantarillado y se convirtió en una herramienta para definir las intervenciones y proyectar un programa de trabajo de largo plazo.
Las escuelas, una prioridad
Uno de los primeros objetivos definidos por la administración fue garantizar el acceso a las escuelas rurales. La CASER comenzó sus tareas el 2 de febrero y para el 8 de marzo ya se habían repasado los ingresos a todos los establecimientos educativos rurales del distrito.
La intervención apuntó a resolver una dificultad que afecta de manera directa a docentes y alumnos: el deterioro de los caminos que, especialmente después de períodos de lluvias, puede dificultar o incluso impedir el acceso a las escuelas.
El plan también contempló obras complementarias. Desde la puesta en funcionamiento del nuevo sistema fueron instaladas 10 alcantarillas, una cifra que, de acuerdo con los integrantes de la comisión, supera la cantidad colocada durante los cinco años anteriores.
Los productores también aportan
Otro de los aspectos que destaca el municipio es el nivel de participación generado entre los habitantes de las zonas rurales. A medida que comenzaron a observarse avances en los caminos, productores y vecinos realizaron aportes adicionales por encima de la tasa vial para profundizar las obras.
Según las estimaciones difundidas por integrantes de la CASER, esas contribuciones permitieron financiar material equivalente a entre 200 y 400 camiones, destinado a mejorar distintos sectores de la extensa red rural.
Desde el municipio interpretan que este comportamiento está relacionado con el nuevo mecanismo de participación. La posibilidad de intervenir en las decisiones y contar con mayor información sobre el destino de los recursos habría generado un mayor compromiso por parte de los contribuyentes.
«Cuando la comunidad participa y las cuentas están claras, el esfuerzo rinde mucho más», sostuvo Hourcade.
Un modelo que busca trascender Magdalena
La creación de la CASER también modificó la lógica de administración de los recursos públicos destinados al sector rural. Las decisiones dejaron de concentrarse exclusivamente en el Ejecutivo municipal y pasaron a incorporar la mirada de productores, usuarios de los caminos y entidades relacionadas con la actividad agropecuaria.
El modelo busca combinar los mecanismos administrativos y de control del Estado con el conocimiento territorial de quienes utilizan diariamente los caminos.
Los primeros resultados hicieron que la experiencia trascendiera las fronteras de Magdalena y fuera destacada a nivel nacional. El caso fue abordado por La Nación, que puso el foco en la recuperación de la maquinaria, las mejoras realizadas en los caminos, los accesos a las escuelas y la participación de los productores en la administración de los fondos.
A poco más de seis meses de su implementación, el municipio busca consolidar el sistema y sostener las mejoras alcanzadas. El principal desafío será mantener operativa la maquinaria, avanzar con las obras pendientes y establecer una planificación que permita atender de manera progresiva los más de 900 kilómetros que conforman la red vial rural del distrito.
La experiencia de Magdalena propone así una alternativa frente a una de las demandas recurrentes del campo bonaerense: que los recursos generados por la actividad rural se traduzcan en infraestructura y que quienes transitan diariamente los caminos tengan participación directa en las decisiones sobre cómo y dónde se utilizan.
