La Provincia atraviesa una jornada con dos frentes de conflicto abiertos en áreas sensibles: salud y educación. Mientras familias de personas con discapacidad y prestadores mantienen un acampe frente a la sede central de IOMA en La Plata, docentes disidentes vuelven a las aulas con una jornada de paro en reclamo de mejoras salariales.
El contraste deja una postal incómoda para el gobierno de Axel Kicillof: por un lado, quienes dependen de la obra social estatal denuncian que las demoras administrativas y financieras ponen en riesgo tratamientos; por otro, sectores docentes cuestionan el nivel de los salarios y exigen reabrir la discusión paritaria.
Las “estampitas” de IOMA
Frente a la sede de IOMA de calle 46 entre 12 y 13, el reclamo sumó una cuota de ironía. Durante la protesta circularon imágenes con estética de estampitas religiosas que convirtieron al presidente del organismo, Homero Giles, y al gobernador Kicillof en supuestos “patronos” de quienes esperan cobrar.
“Patrono de los prestadores del IOMA” y “patrono de las acompañantes terapéuticas” fueron algunas de las inscripciones elegidas por los manifestantes. El humor ácido busca señalar una situación que, para las familias y trabajadores afectados, está lejos de ser graciosa.
El reclamo fue impulsado por el colectivo Nosotras, integrado por madres y cuidadoras, junto con afiliados, profesionales y prestadores. La protesta exige la regularización de pagos adeudados, la eliminación de trabas burocráticas y la continuidad de terapias y otras prestaciones.
Los acompañantes terapéuticos aseguran que acumulan meses sin cobrar y deben afrontar, mientras tanto, costos como monotributo y seguros. Algunos prestadores sostienen que todavía esperan pagos correspondientes a trabajos realizados desde marzo.
El problema no queda limitado a quienes prestan el servicio. Cuando los pagos se demoran, también se resiente la continuidad de tratamientos para chicos que concurren a escuelas, personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes con problemas de salud mental.
Las familias denuncian además que las dificultades para obtener reintegros, acceder a medicamentos y sostener coberturas de transporte terminan trasladando parte de los costos al bolsillo familiar. La carga administrativa y de cuidado recae especialmente sobre quienes deben sostener los tratamientos mientras esperan una respuesta del Estado.
El colectivo reclama cinco puntos centrales: cobertura plena de las prestaciones, cancelación de las deudas con prestadores, agilización de las auditorías médicas, continuidad de los puestos laborales y un trato igualitario para los afiliados.
Por ahora, la respuesta que obtuvieron es un acampe. Y la decisión de los manifestantes es mantenerlo hasta conseguir compromisos concretos.
Docentes: otro conflicto que vuelve a las calles
El frente educativo tiene otra dinámica, pero comparte una misma característica: el malestar ya salió de las aulas y volvió a las calles.
Este miércoles, docentes disidentes del SUTEBA realizan un paro de 24 horas en escuelas públicas bonaerenses. La medida fue anunciada después de la movilización realizada el martes en La Plata, que pasó por Gobernación, la Legislatura, Plaza Moreno y terminó frente a la Dirección General de Cultura y Educación.
La protesta fue encabezada por sectores del SUTEBA Multicolor, que reclaman mejoras salariales y la reapertura de las negociaciones paritarias.
Durante la marcha, la dirigente Romina del Plá sostuvo que los docentes bonaerenses tienen “uno de los 4 peores salarios del país”. La frase sintetiza el eje de una protesta que busca tensionar al gobierno provincial antes de la próxima instancia formal de negociación.
El último acuerdo alcanzado por los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense contempló una suba del 7%, distribuida en dos tramos. Con el incremento, el salario de un maestro de grado llegó en agosto a $1.018.575.
Para los sectores disidentes, sin embargo, ese aumento no alcanza y la discusión no puede esperar hasta septiembre, cuando está prevista una nueva instancia paritaria.
A esto se suma otro punto de conflicto: los descuentos aplicados por la Provincia a docentes que participaron de medidas de fuerza que el Gobierno considera ilegales. La devolución de esos montos también formó parte de los reclamos que atravesaron la movilización.
Dos conflictos, una misma presión
IOMA y las escuelas representan problemas diferentes, pero confluyen en un punto político: dos servicios esenciales vuelven a poner al gobierno bonaerense frente a reclamos que exceden la discusión sectorial.
En salud, el eje está puesto en pagos, prestaciones, burocracia y continuidad de tratamientos. En educación, en salarios, paritarias y condiciones laborales. En ambos casos, el conflicto termina impactando sobre quienes dependen del servicio.
La imagen de las estampitas frente a IOMA puede resultar anecdótica, pero funciona como síntesis del malestar: cuando los prestadores llevan meses esperando cobrar y las familias deben peregrinar para sostener una terapia, la ironía aparece como una forma de protesta.
Del otro lado, las calles platenses vuelven a mostrar a docentes reclamando por salarios que consideran insuficientes.
Con la economía provincial condicionada y la discusión electoral de 2027 cada vez más presente en el horizonte político, Kicillof enfrenta una paradoja incómoda: la gestión de los servicios públicos vuelve a ser uno de los terrenos donde se mide la distancia entre los anuncios oficiales y la experiencia cotidiana de quienes los sostienen o dependen de ellos. (La Tecla)
