En medio de la renegociación de los convenios colectivos derivada de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y frente a la pérdida de poder adquisitivo que afecta a numerosos trabajadores, la administración nacional busca promover un esquema de “salario mínimo garantizado” superior al millón de pesos.
La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, que pretende que los nuevos convenios colectivos contemplen un piso salarial de $1.070.000 para agosto de 2026.
De acuerdo con fuentes oficiales, la propuesta deberá ser acordada en las respectivas negociaciones entre sindicatos y cámaras empresarias y posteriormente homologada por la Secretaría de Trabajo.
“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después Trabajo lo homologa”, señalaron desde el Gobierno. En ese sentido, indicaron que la iniciativa ya está siendo comunicada especialmente a los sectores que actualmente cuentan con salarios inferiores a ese monto, entre ellos Maestranza, la Uocra y Sanidad.
Sin un porcentaje fijo para las paritarias
Desde el entorno de Cordero aclararon que no existe una variación mensual determinada que funcione como piso para las negociaciones paritarias.
En los últimos años, el Gobierno había trabajado con referencias vinculadas a la inflación oficial, actualmente cercana al 2% mensual. Sin embargo, desde la Secretaría de Trabajo descartaron establecer un porcentaje predeterminado.
“No hay ningún número mágico. La idea es que los aumentos de sueldos no se trasladen a los precios; esa es la única directiva”, explicaron fuentes oficiales.
El objetivo de la administración nacional es que las negociaciones salariales se desarrollen dentro de un esquema compatible con su estrategia de contención de la inflación.
Bonos y sumas fijas para alcanzar el piso
Una de las particularidades del esquema propuesto es que el monto de $1.070.000 podría alcanzarse mediante el pago de bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos porcentuales acordados en las paritarias.
Según la explicación oficial, esta modalidad permitiría alcanzar el salario mínimo garantizado sin generar costos adicionales para las empresas, al tratarse de conceptos que no tendrían carácter remunerativo.
La propuesta apunta especialmente a las actividades cuyos trabajadores se encuentran por debajo del piso salarial planteado por el Gobierno.
La CGT cuestionó la iniciativa
La propuesta oficial fue recibida con cautela por la CGT, donde dirigentes consultados aseguraron desconocer la intención del Gobierno de establecer este mecanismo.
“Parece más una operación del propio Gobierno”, sostuvo Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera.
Sin embargo, el dirigente aclaró que no se opone a un incremento de los ingresos de los trabajadores.
“No me parece mal siempre que vaya más plata al bolsillo de los laburantes y eso implica subir el porcentaje”, afirmó.
Sola cuestionó, de todos modos, la posibilidad de utilizar las negociaciones salariales como una herramienta para contener la inflación y defendió el mecanismo tradicional de discusión entre trabajadores y empleadores.
“Para nosotros, la paritaria debe ser libre acuerdo entre partes. No un ancla más de la baja de la inflación”, sostuvo.
En esa línea, advirtió que una política salarial demasiado restrictiva puede tener consecuencias sobre el consumo y el endeudamiento de los hogares.
“Así se baja el consumo. Se pierde poder adquisitivo. Y por ende se produce endeudamiento familiar”, agregó.
La iniciativa oficial se da en un contexto marcado por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei, la renegociación de numerosos convenios colectivos y la discusión sobre el poder adquisitivo de los salarios, con posiciones contrapuestas entre la administración nacional y las organizaciones sindicales.
