Claudia Falcone tenía 16 años y era delegada de curso en el Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP. Francisco López Muntaner, también de 16, cursaba becado en el mismo colegio. Horacio Ungaro, de 17, estudiaba en la Escuela Normal N°3, jugaba al fútbol y estudiaba francés. Daniel Racero, de 18, cursaba en el mismo colegio y participaba en campañas comunitarias del barrio. Claudio de Acha, de 17, estudiaba en el Colegio Nacional de la UNLP. María Clara Ciocchini, de 18, era ex alumna de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca. Gustavo Calotti y Emilce Moler, de 17 años cada uno, y Patricia Miranda y Pablo Díaz, de 18, completaban el grupo que militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). La noche del 4 de septiembre de 1975, más de 300 delegados de veinte colegios platenses se habían reunido en el Normal N°2 para votar, por unanimidad, la marcha por el boleto estudiantil secundario. Organizaron seguridad con brazaletes de colores por escuela: sospechaban, con razón, que la policía los tenía en la mira. Pero el 16 de septiembre los alcanzó la mano oscura de la maquinaria que había arrancador el 24 de marzo de 1976, y que tenía raíces tiempo atrás.
En enero de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, el ministro Oscar Ivanissevich prohibió los centros de estudiantes secundarios en todo el país, y ese mismo año fue asesinado, entre otros militantes estudiantiles, “Patulo” Rave, dirigente de la UES. El marco represivo estaba dado desde febrero de 1975 por el decreto que había puesto en marcha el “Operativo Independencia” y que extendió el esquema de “lucha contra la subversión” a todo el territorio. El golpe de 1976 sistematizó la represión y con esa arma se llegó también a los estudiantes.
El operativo: secuestros, responsables y recorrido
Entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976, grupos de tareas al mando del general Ramón Camps y el comisario Miguel Etchecolatz –jefe de Policía bonaerense y su mano derecha, respectivamente– secuestraron a diez estudiantes: Gustavo Calotti el 8, Claudio de Acha el 15, Falcone, López Muntaner, Ungaro, Racero y María Clara Ciocchini el 16, Emilce Moler y Patricia Miranda el 17, y Pablo Díaz –a quien “cuatro autos sin identificación” pararon frente a su casa– recién el 21. El operativo combinó a la Policía bonaerense con el Batallón 601 del Ejército. Seis de los diez permanecen desaparecidos.
El recorrido de los detenidos fue el del “Circuito Camps”: pasaron primero por el Destacamento de Arana, donde permanecieron las primeras semanas siendo torturados, y de ahí fueron trasladados –muchas veces de noche, en camión– por el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Jefatura de Policía provincial, las Comisarías 5ª, 8ª y 9ª de La Plata, la Comisaría 3ª de Valentín Alsina y el Polígono de Tiro de la propia Jefatura. Emilce Moler ubica un punto de quiebre el 23 de septiembre, cuando en un traslado en camión empezaron a “bajar” en distintas paradas a Claudia, María Clara y Horacio, los tres compañeros que pudo reconocer y que hoy siguen desaparecidos. Los cuatro sobrevivientes fueron progresivamente “blanqueados” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional: Moler ingresó a la cárcel de Devoto en enero de 1977, con 17 años, y los cuatro recuperaron la libertad de manera escalonada entre 1978 y 1980.
Pablo Díaz declaró en 1985 haber tomado conocimiento de un documento de la Jefatura de Policía bonaerense titulado La Noche de los Lápices –firmado por el comisario general Alfredo Fernández–, que calificaba a los estudiantes como “integrantes de un potencial semillero subversivo”. Esa es la versión más difundida. Pero trabajos académicos posteriores, como el de la historiadora Sandra Raggio sobre la memoria del caso, ubican el origen de la denominación en una construcción narrativa posterior: su primera aparición documentada habría sido el informe Nunca Más de la CONADEP (1984), reforzada luego por el propio testimonio de Díaz (1985) y consolidada por el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez y la película de Olivera, ambos de 1986.
El testimonio que hizo historia
El 9 de mayo de 1985, en la tercera semana de audiencias del Juicio a las Juntas, Díaz declaró ante seis jueces. Antes de subir al estrado, los sobrevivientes habían discutido con la fiscalía si debían nombrar a otros compañeros que podían aportar datos: Luis Moreno Ocampo advirtió que, de nombrarlos, “los iban a llamar a declarar” y exponerlos al mismo trance; Adriana Calvo –otra sobreviviente, la que después se hizo célebre por dar a luz esposada en un patrullero– insistió en que había que hacerlo igual.
“El compromiso que había asumido con ellos cuando nos separaron era dar testimonio. El Juicio, para nosotros, era cumplir con nuestros compañeros. Era también liberarnos”, explicó Díaz. Durante su relato reprodujo, sin proponérselo, el gesto de llevar las manos atrás, tal como lo obligaban a caminar los guardias: “Siempre recuerdo que todos habían quedado conmovidos porque yo hacía el gesto de poner las manos atrás”. El fiscal Julio Strassera se le acercó después y le dijo: “Vas a hacer historia”. En su casa, sin embargo, no todos lo recibieron con orgullo: su padre, que no sabía que iba a declarar, lo increpó: “¿Qué hiciste? Pusiste en peligro a toda la familia. ¿Lo pensaste?”.
Lo que dejó la Justicia: del Circuito Camps al Juicio Brigadas
La causa del Circuito Camps –que en 2012 condenó a 23 represores, 15 de ellos a perpetua, entre ellos Etchecolatz– incluyó a los jóvenes de la Noche de los Lápices dentro de un universo más amplio de 281 víctimas. Pero la condena específica y más exhaustiva sobre este caso llegó recién en 2024, en el llamado “Juicio Brigadas”: una megacausa iniciada el 27 de octubre de 2020 –en plena pandemia, con audiencias virtuales– que investigó los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes (y el Hospital de Quilmes, usado como “maternidad clandestina”), El Infierno de Lanús, el Destacamento del Ejército 101 de La Plata y las áreas 112 de Lanús y San Justo. De 39 imputados en instrucción, 18 llegaron al juicio oral, que investigó a 605 víctimas: 373 sobrevivientes, 189 todavía desaparecidas y 31 asesinadas (con los cuerpos hallados después de haber pasado por la desaparición). La mitad tenía entre 18 y 29 años; un 8% eran niños.
El 26 de marzo de 2024, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata (Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers) condenó a diez represores a prisión perpetua –Federico Minicucci, Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Fontana, Jorge Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Roberto Balmaceda, Horacio Castillo y Jorge Bergés–, a 25 años a Julio Alberto Candioti, y absolvió a Enrique Barré. Basílico calificó los hechos directamente como cometidos “en el marco de un genocidio”. La lectura del veredicto, que nombró una por una a más de 600 víctimas, se extendió por más de cinco horas.
Para la Noche de los Lápices en particular, el dato central fue la condena a Juan Miguel Wolk, jefe del Pozo de Banfield: era la primera vez que un tribunal lo condenaba específicamente por la desaparición forzada de los jóvenes secuestrados en 1976, además de por la apropiación de nietos que Abuelas de Plaza de Mayo todavía busca. Entre el público estaba Miguel Santucho, cuyo hermano Daniel había sido recuperado como nieto identificado meses antes del fallo y cuyo caso quedó incluido entre los motivos de la condena, y María Ester Alonso Morales, que viajó desde Alemania para presenciarlo. La sentencia cerró con un grito colectivo de sobrevivientes y familiares: “Memoria, Verdad, Justicia. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes hoy y siempre”. Los condenados, de todos modos, cumplen la pena bajo prisión domiciliaria, algo que generó críticas de organismos de derechos humanos por lo que calificaron como un privilegio frente a la gravedad de los delitos.
La película y el libro que instalaron el nombre
Héctor Olivera filmó “La noche de los lápices” sobre un guion escrito junto al periodista Daniel Kon, basado directamente en la investigación de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. El rodaje arrancó el 23 de junio de 1986 en La Plata y la película se estrenó el 4 de septiembre de ese año –a solo tres años de recuperada la democracia– en medio de una amenaza de bomba en la sala de estreno.
Convocó a 711.000 espectadores en su año de estreno y tuvo recorrido internacional: compitió en el Festival de Moscú de 1987 y se exhibió en Nueva York, Toronto y, en 2003, en el primer Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Ginebra. No estuvo exenta de polémica: Jorge Falcone, hermano de Claudia, cuestionó que la película redujera la militancia de las víctimas al reclamo del boleto estudiantil, y el filme tampoco incluyó el testimonio de Emilce Moler. El libro homónimo de Seoane y Ruiz Núñez, publicado el mismo año, se convirtió en un clásico traducido a otros idiomas, y todavía se reedita.
Ese pasado llegó al presente. Este martes en el Patio Julieta Lanteri de la UNLP, el rector Fernando Tauber encabezó la entrega del Doctorado Honoris Causa a Díaz, Moler y Calotti, y de manera póstuma a Falcone, López Muntaner, De Acha, Ungaro, Racero, Ciocchini y Víctor Treviño. Este miércoles, exactamente 50 años después de La Noche de los Lápices, los estudiantes secundarios vuelven a marchar en La Plata, Buenos Aires y otras ocho ciudades del país, en una jornada que la nueva generación decidió no dejar solo en el recuerdo. (El DiarioAr)
