La comisión investigadora del Concejo Deliberante de Saavedra dio por concluida su tarea sobre la conducta y la idoneidad del intendente Matías Nebot y elevó el informe al que accedió su abogada defensora Bárbara Sager.
La letrada expresó su opinión sobre los pasos a seguir esta mañana en Panorama, por LU2 en donde dijo: «Algunos testimonios fueron ponderados más que otros, además son funcionales y sesgados a la idea de que exista una falta en la gestión del intendente y que son ex funcionarios que no tiene un vinculo actual con Nebot».
Ante la consulta de si existe algún tipo de interés político detrás de la acusación al mandatario, Sager dejó clara su posición: «La conformación de la comisión investigadora es a partir de la manifestación personal del intendente de estar sufriendo y luchando contra una problemática de salud, no hay un indicio previo a esta manifestación de que el intendente hubiese cometido algún tipo de transgresión en su gestión, entonces lo están investigando por haber manifestado que es una persona que está luchando contra una problemática de salud, no por la existencia de alguna falta», aseguró.
En referencia al tener contacto directo con una acción ilegal, como es la venta de estupefacientes y su rol como funcionario público, la abogada indicó que: «La persona que es consumidor de estupefacientes, sea cual fuere, no es una persona que deba ser investigada por la justicia, Esa circunstancia no varía, así sea el jefe comunal o una persona común», afirmó.
«El hecho de ser consumidor no tiene vinculo directo con estar a favor del narcotráfico y no considero que el tener problemas de adicciones sea incompatible con la función pública, si no hay pruebas certeras de que lo esté afectando, cosa que no ocurre». señaló.
Ante la pregunta de si Nebot puede ser destituido por una apreciación de incumplimiento ético y moral, Sager refirió: «No está planteado como una posibilidad sobre la cual nosotros nos tuviéramos que defender. O sea, cuando la Comisión hace su análisis de la prueba, no nos da un traslado por la cuestión moral del consumo de estupefacientes. Y que tuviese que luchar contra el narcotráfico, o que estuviera protegiendo a personas que se dedican a la venta de estupefacientes a cambio de una entrega de esta sustancia para no denunciarlo», aseguró.
Más allá de la búsqueda de negligencia en la función pública, según lo que indicó la letrada, la Justicia podría intervenir pidiendo explicaciones sobre quién le proveía la droga: «La Justicia podría intervenir sin ningún tipo de inconveniente si lo considerara necesario o si considera que hay algún delito que investigar», finalizó.
(La Nueva)
