El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley de Salud Mental, impulsada por el Gobierno nacional, que introduce modificaciones en las condiciones para disponer internaciones involuntarias, la atención de pacientes y el tratamiento de las adicciones.
El proyecto obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra, sin abstenciones, y consiguió la media sanción con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales. La iniciativa deberá pasar ahora por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Uno de los principales cambios está relacionado con las internaciones involuntarias. La legislación vigente, sancionada en 2010, establece como condición la existencia de un riesgo cierto e inminente, mientras que la reforma propone permitirlas cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
La medida continuará siendo considerada un recurso terapéutico excepcional, al que podrá recurrirse únicamente cuando no resulten posibles otras alternativas de tratamiento ambulatorio.
En situaciones de emergencia, un solo médico podrá disponer una internación, aunque la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. También se contempla la posibilidad de realizar consultas a distancia con especialistas en psiquiatría.
Además, las internaciones deberán comunicarse a la Justicia y al órgano de revisión correspondiente dentro de las 24 horas. El magistrado tendrá un plazo de tres días para convalidar la medida, solicitar nuevas evaluaciones o disponer el alta del paciente.
Otro de los puntos importantes es la ampliación del concepto de adicciones, que permitirá incluir situaciones como la ludopatía, vinculada con la adicción al juego y las apuestas.
La propuesta también establece que los niños y adolescentes deberán recibir atención de equipos especializados y permanecer en espacios diferenciados de los adultos. Asimismo, mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y contempla la atención en hospitales generales y centros especializados en salud mental.
En cuanto a las internaciones prolongadas, se establece la necesidad de elaborar un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos de recuperación y seguimiento posterior. También se refuerza la participación de los familiares o representantes legales para acompañar el proceso de externación.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo es «llegar a tiempo» para atender situaciones que requieren una intervención médica. Según explicó, la legislación actual resultó insuficiente para responder a determinadas necesidades del sistema sanitario.
Desde sectores opositores, en cambio, advirtieron sobre las dificultades para implementar los cambios sin garantizar mayores recursos económicos. El senador Guillermo Andrada cuestionó la falta de financiamiento que acompañó la aplicación de la norma vigente.
Precisamente, uno de los aspectos incorporados durante las negociaciones fue un mecanismo de cooperación económica entre la Nación y las provincias, destinado a fortalecer los servicios de atención y ampliar los dispositivos de salud mental.
El proyecto recibió modificaciones durante su tratamiento en comisiones para conseguir el acompañamiento de bloques aliados al oficialismo. Con la aprobación de la Cámara alta, el debate continuará en Diputados, donde deberán definirse los cambios que finalmente integrarán la legislación nacional.
