La comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados bonaerense esta semana resolvió postergar el tratamiento del proyecto del legislador de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, que busca prohibir y sancionar la caza de animales silvestres en establecimientos rurales privados, a la espera de trabajar en una reforma del Código Rural provincial. La decisión apunta a incorporar las herramientas de la iniciativa a la normativa vigente, en lugar de avanzar con una nueva ley independiente, como pretende el alfil opositor.
El proyecto de Bugallo tiene como objetivo principal reforzar la seguridad rural y la protección de la propiedad privada frente a la caza furtiva, especialmente aquella organizada mediante el uso de perros galgos, y los ingresos sin autorización a campos particulares. Además, la propuesta apunta a preservar la fauna silvestre y contempla la creación de la figura de “contravención grave contra la seguridad rural”.
Según explicó el diputado, si bien el artículo 273 del Código Rural bonaerense ya prohíbe la formación de cuadrillas de caza, la normativa actual resulta insuficiente para abordar las distintas situaciones que se presentan en el ámbito rural. Por eso, la iniciativa que ingresó a la Legislatura bonaerense plantea un régimen sancionatorio específico para la caza no autorizada en establecimientos privados y la utilización de armas o perros para perseguir, capturar o acorralar animales silvestres.
Entre las medidas propuestas originalmente se encuentran multas de hasta 20.000 unidades fijas, el decomiso de los elementos utilizados y el secuestro preventivo de vehículos, al tiempo que contempla sanciones agravadas para los casos de caza organizada cuando participen tres o más personas, se utilicen vehículos, se actúe durante la noche o existan antecedentes de reincidencia.
El texto presentado por Bugallo, que también lleva la firma del presidente del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, incluye además la creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, que estaría a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense. En los fundamentos, el legislador advierte sobre los riesgos que estas prácticas representan para las familias rurales, la propiedad privada y la fauna silvestre.
Durante el análisis de la iniciativa en la comisión de Ambiente, representantes de distintos sectores políticos manifestaron una recepción favorable y se consensuó avanzar con una alternativa normativa: incorporar las principales herramientas del proyecto al Código Rural, en lugar de sancionar una ley específica. En ese marco, desde el despacho de Bugallo comenzaron a trabajar en la redacción de las modificaciones.
Según informó el propio legislador de la Coalición Cívica, la intención es elaborar una reforma del Código Rural que reúna el consenso de los distintos bloques políticos. En tanto, la propuesta podría volver a tratarse en la comisión de Ambiente antes de que termine noviembre, aunque desde la oficina parlamentaria todavía no surgió una nueva redacción definitiva.
El debate que propone Bugallo en la Legislatura se da en un contexto de preocupación por los hechos de caza furtiva en establecimientos rurales. En ese sentido, el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA) advirtió sobre los reiterados episodios registrados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y sus consecuencias para la seguridad de las familias, la propiedad privada y la fauna silvestre.
Avanzó en el Congreso un proyecto para agravar penas por vandalismo rural
En la última sesión de octubre, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto del PRO que incorpora nuevas figuras penales para sancionar el vandalismo rural. La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain, busca penalizar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños intencionales sobre bienes e infraestructura vinculados con la producción agropecuaria.
Entre los principales cambios, el texto propone incorporar el artículo 150 bis al Código Penal, que establece penas de uno a doce meses de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlos. Esa voluntad se presumirá cuando existan cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso, aunque se contemplan excepciones para situaciones de necesidad justificada o auxilio. La pena máxima se elevará a dos años cuando la intrusión obstaculice sustancialmente la actividad productiva o genere un peligro concreto para las personas, los animales o los cultivos.
La iniciativa también incorpora un artículo que prevé penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado para quienes destruyan o deterioren bienes que afecten directamente el ciclo productivo rural. Entre los elementos protegidos se mencionan cereales sin cosechar, silobolsas, viñas, ganado e instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua. Además, la pena mínima se duplicará cuando el responsable sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria.
El proyecto, que ahora quedó en manos del Senado, establece que el máximo de la pena podrá alcanzar los diez años cuando los hechos sean cometidos por tres o más personas de manera coordinada, provoquen la pérdida total de la producción o impidan la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización, o se ejecuten mediante violencia o amenazas contra las personas.
En este marco, Bugallo celebró el avance de la iniciativa. “Hace tiempo venimos advirtiendo que cuando las personas ingresan sin autorización a un establecimiento rural, muchas veces de noche, armadas, en vehículos y organizadas, ya no estamos hablando solamente de caza furtiva: estamos hablando de inseguridad rural y de violación de la propiedad privada”, enfatizó Bugallo.
En ese sentido, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica remarcó que ese fue el motivo principal por el que presentó el proyecto contra la caza furtiza en la Legislatura, con la idea de establecer “sanciones más severas, agravantes, decomisos y herramientas concretas” contra los delitos organizados en tierras rurales.
“Nos alegra que una discusión que venimos impulsando en la Provincia hoy gane fuerza en el Congreso, porque el campo no es tierra de nadie: es propiedad privada, trabajo, producción y sobre todo, es el hogar de miles de familias argentinas”, completó Bugallo en el posteo que realizó en sus redes sociales.
El proyecto que Bugallo deberá reescribir para incorporar penas por vandalismo al Código Rural bonaerense
(Diputados BsAs)
