Después de semanas de negociaciones, dudas y especulaciones, Javier Milei, en sintonía con el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió avanzar por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la modificación de la fórmula jubilatoria, según informan medios nacionales.
«La medida se evaluaba desde hace semanas, pero el Presidente la postergaba porque aspiraba, antes de llegar a esta instancia, lograr un consenso previo suficiente para tratarlo por ley -por fuera o dentro del proyecto Bases-. Quería y evitar una eventual judicialización del decreto o un posible rechazo de parte del Congreso. Pero los tiempos apremiaron y definió avanzar», indica Infobae.
Las instancias de negociación política con los otros partidos de cara a un eventual debate legislativo “se agotaron”, dijeron fuentes oficiales a ese medio, y la publicación del decreto sería inminente. Probablemente salga este viernes en el Boletín Oficial con el formato de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje extra, que rondaría entre el 12 y el 14 por ciento. «Son dos puntos por encima de la propuesta inicial de Caputo, que queda, sin embargo, por debajo del 20 por ciento que exigía la oposición», destacan en la nota.
Desde el Gobierno nacional apuraron la decisión para evitar que sobrepasara la fecha de empalme del 1 de abril. De esta manera, la aplicación de la nueva fórmula aplicaría los ingresos de los jubilados a partir de ese mes. Si demoraban más la decisión, advirtieron, iba a postergarse hasta junio, lo cual haría aún más insostenible la situación social del sector.
«Con esta medida, el Gobierno descartó definitivamente, como tenía planeado, los pedidos de PRO para tratar el proyecto de María Eugenia Vidal por el que había reclamado el jefe del bloque, Cristian Ritondo, en su reunión de la semana pasada en la sede nacional. La idea siempre fue evitar darle la iniciativa en este tema a los aliados», señala Infobae.
Los libertarios se vieron obligados a resignar que la nueva fórmula previsional se trate en el marco de la Ley Ómnibus, como querían en un primer momento. Es que el debate en comisión del paquete más importante para La Libertad Avanza recién comenzaría después de Semana Santa, llegaría al recinto a partir de la segunda quincena de abril y, en caso de aprobarse, el ítem jubilatorio empezaría a regir recién a partir de mayo.
El DNU era la opción menos deseada para Milei y compañía, que acaban de sufrir un fuerte revés con el de desregulación en el Senado, entre fuertes críticas de los otros espacios por la inconstitucionalidad de la medida, recuerda Infobae, y reamarca: «Y un decreto no sólo enfrenta la posibilidad de un rechazo por parte del Congreso, sino serias chances de que se judicialice, como ocurrió con la reforma laboral y los aumentos de las prepagas».
Si bien la nueva Ley Ómnibus viene cosechando consensos en buena parte de su contenido, tanto el bloque Pro como el radicalismo y Hacemos Coalición Federal –los bloques más amigables para el oficialismo– le plantearon al Gobierno que era imperioso cambiar cuanto antes la fórmula previsional, luego de la fuerte pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los haberes jubilatorios en los primeros dos meses del año.
En tanto, los diputados opositores de la Comisión de Previsión y Seguridad Social decidieron impulsar una ley de movilidad jubilatoria por su cuenta.
En el borrador de la nueva ley bases, el Gobierno había propuesto una fórmula jubilatoria que indexe por inflación a partir de abril con una compensación adicional del 10% por la inflación de enero.
Los bloques dialoguistas de Diputados exigían una compensación mayor, que contemple enteramente lo que los jubilados y pensionados perdieron por la inflación del primer mes del año, que fue de 20,6%. (La Nueva. con información de Infobae y NA)
