Desde el próximo lunes, aquellos presos en Santa Fe que hayan sido calificados dentro del grupo de «peligrosidad alta» comenzarán a utilizar uniformes de color naranja en las cárceles. El cambio de vestimenta había sido incluido en la nueva ley de Ejecución de la Pena aprobada en diciembre del año pasado, impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

El objetivo de implementar estos uniformes en los penales es aumentar la seguridad y la visibilidad de los presos clasificados como de “Nivel 1″, considerados de alta peligrosidad. El texto de la normativa detalla que se establecerá «en qué casos será obligatorio el uso de uniformes, pudiendo asignarse uniformes diferenciados según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación asignada o las tareas que el interno desempeñe”.

El cambio de uniforme para los presos en Santa Fe

La Resolución 008/2024, establece que los “uniformes obligatorios color naranja” serán utilizados por los internos en todo momento cuando sean retirados de su lugar de alojamiento, ya sea para un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria, hasta su regreso. La medida alcanzará a 60 personas detenidas en el «Nivel 1«.

La gobernación santafesina intensificó, desde enero, las requisas y controles en las cárceles provinciales. La resolución también prohíbe el ingreso de visitantes con ropa naranja para evitar posibles confusiones o conflictos dentro de los establecimientos. Además, en los considerandos, se especifica que “el interno es responsable del cuidado y mantenimiento de su ropa personal, y responderá ante ello con descuentos del peculio en caso de roturas o deterioro del uniforme”. La nueva medida comenzará a regir desde el próximo lunes.

Los presos de alto perfil

La nueva legislación también establece bajo que puntos un preso puede ser calificado en la categoría “alto perfil”. En este sentido, la norma establece: “Quedarán comprendidos en este grupo aquellos que tengan participación o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos”.

El grupo no se cierra ahí, sino que también deberán ser incluidos aquellos que estén vinculados “en hechos de violencia hacia particulares; antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria; participación en motín o tumulto”. Por último, también podrán afrontar a esta etiqueta quienes hayan cometido delitos relacionados con la “disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas”.

Por otro lado, la normativa también dicta que el Gobierno deberá construir cárceles específicas para este tipo de internos. Por último, el texto detalla que las normas de trato para presos de alto perfil pueden ser aplicadas de forma discrecional y a la población penitenciaria común.