La investigación sobre el uso del dinero público que se entregaba a los comedores populares sigue detectando irregularidades. En la rendición de cuentas de la “Asociación Civil 18 de Diciembre por el Inmigrante” apareció una factura por la compra de barbijos. Fue emitida el 6 de enero de 2021 por una persona que figura como empleado de la Municipalidad de San Vicente. No es todo. La factura encontrada era la número 1 y la persona apuntada se había inscripto al monotributo apenas tres meses antes.
Esa misma organización aportó facturas de otro empleado municipal. En ese caso trabajaría para Lomas de Zamora y emitió dos facturas en junio de 2021 por la venta de alimentos, que luego fueron firmadas por el titular de la Asociación Civil, Santiago Vestfrid. Según bases de datos comerciales, el empleado municipal, de 58 años, aparece registrado ante la AFIP en los rubros “emisión y retransmisión de radio” y “servicios complementarios de apoyo turístico”.
Las irregularidades fueron detectadas por la Oficina Anticorrupción (OA) al revisar las rendiciones de cuentas de los comedores populares, que recibían alimentos y subsidios millonarios por parte del Estado. El informe completo, forma parte de la causa judicial que fue delegada en la Fiscalía a cargo de Ramiro González.
El organismo a cargo de Alejandro Melik, que actúa en ese expediente como querellante, sostuvo que hay pruebas suficientes para avanzar con imputaciones concretas contra referentes de distintas organizaciones sociales, a cargo de los comedores, como parte de una maniobra de defraudación. A eso se suma la posible responsabilidad de ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que no habrían controlado el funcionamiento ni las rendiciones de los comedores. Pero la causa hasta ahora no tiene imputados concretos.
La factura clonada. El informe de la OA detectó dos proveedores de la provincia de San Juan que emitieron facturas por idénticos montos el mismo día. El 12 de julio de 2022, esas dos personas emitieron facturas por $194.498 para la “Asociación Civil 18 de mayo”. La situación se repitió el 26 de diciembre de ese año. En ese caso, el monto facturado fue de $658.490,66.
Proveedores repetidos. Otra irregularidad frecuente fue la repetición de proveedores en las rendiciones de distintas organizaciones. Hay varios ejemplos compilados en un anexo:
– “Brumar” (de Puerto Madryn) le vendió mercadería a la asociación “18 de Mayo” y a “El Amanecer de los Cartoneros”.
– Percara César Javier aparece como proveedor de las asociaciones “Solidaridad y Participación”, “La Salud en Comunidad” y “Caminos de Tiza”.
– “El productor-Borgo Horacio René” aparece en las rendiciones de “La Salud en Comunidad” y “Caminos de Tiza”.
“Albornoz” figura en las facturas presentadas por las asociaciones “SER.CU.PO”, “José Martí” y “La Fábrica Emprendimiento Productivo y Cultura”.
Proveedores sospechosos. En varias de las rendiciones analizadas por los investigadores de la OA aparecieron proveedores que estaban inscriptos ante la AFIP en otros rubros. En el caso de J.M.S., estaba habilitado para realizar actividades de “servicio de transporte automotor de mercaderías a granel N.C.P”, pero facturó por venta de alimentos. Y una carnicería que desde 2013 está inscripta para la “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos”, emitió facturas con productos de almacén en cantidades de venta mayorista. No es todo, su titular sería empleado de la Cámara de Diputados bonaerense.
No es el único empleado estatal detectado. La Oficina Anticorrupción descubrió que el dueño de la verdulería “La Familia” cumple funciones en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El informe con todas las irregularidades forma parte de la causa que arrancó con una denuncia del Ministerio de Capital Humano. Para recibir un subsidio o alimentos, alcanzaba con la inscripción en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM). Y no había control. Según una auditoría de la cartera que conduce Sandra Pettovello, el 47,5% de los comedores nunca funcionaron o ya dejaron de funcionar y el 27% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales.
La OA pidió hace unos días que se cite a varias personas y se le pida colaboración a la Inspección General de Justicia (IGJ), al INAES, y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para profundizar la investigación sobre las asociaciones y las cooperativas en la mira. Pero la Fiscalía respondió que “no hay elementos para adoptar ese tipo de medidas (…) más aún cuando resta analizar la gran cantidad de prueba aportada por el Ministerio de Capital Humano”.
(Infobae)
