La jueza Loretta Preska, que preside el caso por la expropiación de YPF en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar toda la información requerida por los beneficiarios del fallo. Entre los datos solicitados se encuentra información detallada sobre la ubicación del oro argentino y otros activos, como parte del proceso judicial en curso.
En su fallo, hecho público por Sebastián Maril de LATAM Advisors, Preska criticó la actitud del país en relación con la entrega de estos documentos, indicando que “se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”. Este señalamiento puso de manifiesto las demoras en la producción de la información exigida por el tribunal.
Adicionalmente, la jueza aclaró que, independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la obligación del Estado de cumplir con las órdenes judiciales del tribunal estadounidense.
El fallo también incluyó observaciones sobre la integridad de las producciones documentales entregadas hasta el momento. La jueza Preska remarcó que es probable que se haya gastado más tiempo y recursos discutiendo sobre la entrega de la información que en completar la tarea de producirla, evidenciando las tensiones existentes entre las partes.
Los documentos solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, lo que genera un alto interés internacional y podría tener implicancias importantes en el caso por la expropiación de la petrolera YPF, considerada una de las disputas más significativas en la historia reciente entre un Estado soberano y acreedores internacionales.
Al cierre de este fallo, las partes involucradas en el litigio deberán seguir los plazos impuestos por el tribunal para garantizar que la documentación sea entregada sin mayores demoras.
Un litigio adverso
El caso por la expropiación de YPF, que enfrenta a la República Argentina contra el fondo de inversión inglés Burford Capital, se encuentra en una etapa clave. Según información reciente, la sentencia inicial dictada por la jueza Loretta Preska acumula una cifra de más de USD 17.000 millones, incluyendo intereses y honorarios legales. De este total, unos USD 1.000 millones corresponden únicamente al presente año.
Burford, que invirtió USD 400 millones en la demanda y luego vendió el 60% de sus derechos para financiar el litigio, apuesta a cobrar el fallo este año. Para ello, continúa litigando en primera instancia sobre cuestiones paralelas, como la posibilidad de que la justicia estadounidense determine que YPF actúa bajo órdenes del Estado argentino. Esto permitiría avanzar con embargos y, eventualmente, hacerse con las acciones de YPF en manos del Estado como parte de pago.
La apelación presentada por la Argentina en octubre de 2023 ante el Segundo Circuito de Apelaciones será fundamental para definir el rumbo del caso. Si no se convocan argumentos orales, el tribunal podría fallar directamente. En caso de un resultado adverso, Argentina tendría la opción de recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque esta instancia suele evitar intervenir en casos de este tipo.
Burford observa con atención el escenario económico y político del país. El crecimiento sostenido de las acciones de YPF en Wall Street, que aumentaron más de 170% en un año, sumado a la baja en el riesgo país, crea un contexto que consideran favorable para negociar con el Gobierno. Sin embargo, hasta el momento no se han alcanzado acuerdos, ya que el Ejecutivo optó por esperar el fallo de apelación antes de tomar decisiones concretas.
Entre las alternativas que Burford estaría dispuesto a aceptar, se encuentran quitas de capital o el pago mediante bonos soberanos. Según un informe de Bloomberg, el fondo incluso evaluaría opciones como bonos “zero-coupon” a 10 años, que no generan intereses y comienzan a pagarse tras una década.
Otro elemento central en el desarrollo del juicio es el papel del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y de la Procuración del Tesoro. Aunque técnicamente la causa es llevada adelante por la Procuración, las decisiones finales dependen de la aprobación del Ejecutivo. Fuentes cercanas al caso indican que Caputo, si bien no descarta eventualmente negociar, preferiría que el Congreso o el Presidente asuman la responsabilidad de autorizar un acuerdo.
El próximo movimiento del caso será la presentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que emitirá su opinión sobre un pedido de Burford: la entrega de las acciones de YPF como parte de pago. Aunque el organismo previamente se opuso, un fallo reciente de la Corte de Apelaciones relacionado con activos de Irán podría influir en esta nueva instancia.
El desenlace del caso no solo determinará el futuro de YPF, sino también las posibilidades de acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito y la estrategia del Gobierno frente a demandas similares en el ámbito global.
(Infobae)
