El gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la derogación de varios artículos clave de las leyes de educación vial y de prevención de la violencia de género en el ámbito escolar, a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La norma elimina el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, lo que implica modificaciones significativas en el rol del Estado nacional respecto a las jornadas de “Educar en Igualdad” y el funcionamiento del Observatorio de la Educación Vial, que ahora quedará disuelto.
La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El decreto establece que estas reformas buscan «evitar la duplicación de funciones dentro del aparato estatal» y «optimizar el uso de los recursos públicos».
«Superposición de funciones» y descentralización educativa
En los considerandos, el decreto argumenta que la existencia del Observatorio de la Educación Vial junto con el Consejo Federal de Seguridad Vial «generaba una superposición de funciones contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria».
De acuerdo al Ejecutivo, ambas estructuras cumplían objetivos similares, lo cual implicaba duplicación de esfuerzos, estructuras y recursos.
Además, se cuestiona que el Observatorio «nunca llegó a funcionar», lo que refuerza, según el Gobierno, la necesidad de su eliminación.
En relación a la Ley 27.234, que establecía una jornada educativa anual para la prevención de la violencia de género, el Ejecutivo señaló que la responsabilidad de llevarla a cabo corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no a la Nación.
«Lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27.234 establece una responsabilidad innecesaria sobre el Poder Ejecutivo Nacional, al que no le compete realizar jornadas educativas durante el ciclo lectivo», afirma el decreto.
El marco legal y las competencias educativas
Esta decisión se ampara en las facultades delegadas por la Ley Bases (Ley 27.742), que declaró la emergencia pública en diversas áreas hasta diciembre de 2025, y permite al Poder Ejecutivo avanzar con este tipo de reformas estructurales por decreto.
Asimismo, se menciona la Ley 24.049, que transfirió la administración de los servicios educativos a las jurisdicciones provinciales, como respaldo legal para la delegación de estas funciones.
Impacto en las políticas de género y educación
El decreto también está enmarcado en un proceso más amplio de revisión de los contenidos educativos, incluyendo los vinculados con la Educación Sexual Integral (ESI). Según el Gobierno, el objetivo es «garantizar que la enseñanza se ajuste a la normativa vigente», sin mayores detalles sobre las modificaciones previstas.
En cuanto a la legalidad del procedimiento, el decreto ordena informar a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, cumpliendo con lo establecido por la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.
Vigencia
La nueva normativa entró en vigencia el 28 de junio de 2025, un día después de su publicación, y forma parte de una batería de reformas orientadas a reducir el gasto público y reestructurar la administración estatal, según explicó el Gobierno en sus fundamentos. (Diario de Rivera)
