Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2024 se incorporaron al mercado laboral 78.500 personas, de las cuales 42 mil son mayores de 66 años. Así lo determinó un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG) en base a datos oficiales. “Es cierto que hay un pico histórico en la tasa de actividad y la cantidad de ocupados. La tasa de actividad de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) mide la cantidad de personas que se encuentran ocupadas o buscando activamente empleo”, sostiene el documento. “Esto habla de una sociedad que trabaja más, pero no necesariamente mejor. La tasa de actividad llegó en el cuarto trimestre de 2024 al 48,8% y es el punto más alto desde 2016”. Ante esa realidad, el estudio se pregunta qué tipos de empleos se crearon y quiénes los ocupan.
Sobre el primer aspecto concluyen que, de las 13,6 millones de personas ocupadas, 5,9 millones están en condiciones de desprotección: “Sin aportes, sin estabilidad, sin maquinaria o capital propio para emprender, y sin calificación”.
Respecto de quiénes ocupan estos puestos, los números son contundentes. La cantidad de trabajadores de hasta los 26 años cayó un 1,6% en el caso de las mujeres y un 5,6% para los hombres, mientras que, entre los mayores de 66 años, el número de empleados creció: un 6,3% para las primeras y un 9,9% para los segundos. Las edades intermedias entre estos extremos experimentaron un leve crecimiento, del 1,4% y del 0,7% para mujeres y hombres de hasta 35 años; del 0,4% y 0,2% para los de hasta 50 años; y del 4,6% y 1,4% entre los 51 y los 65 años. En cierta medida, el grado de precariedad de los empleos está ligado al aumento de la participación del grupo de personas que sobrepasaron la edad de jubilarse. Y no se trata de trabajadores que continuaron en el mercado para extender su vida laboral, sino de quienes que se incorporaron al sistema con más de 66 años.
“La situación laboral aumenta en la misma medida en que va aumentando la necesidad. Cada vez hay más rotación del adulto mayor y menor calificación de los empleos”, aseguró Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. “El que se jubila, en paralelo, está buscando trabajo. No solamente quienes cobran las mínimas. Jubilados, como en el caso de empleados públicos, que ahora cobran un ingreso de $ 400 mil o $ 500 mil también, porque tampoco les alcanza. No pueden mantener lo básico”, agregó. Esos trabajos se dan en contextos de explotación, y la mayoría de las personas se desempeñan como porteros de edificios, conductores de taxis o en tareas de cuidado (en el caso de las mujeres).
Durante la presentación del último informe de gestión ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “entre diciembre de 2023 y abril de 2025, los ingresos previsionales registraron un incremento real del 11,3% como resultado de la movilidad aplicada”.
Al ser consultado por el bono, reiteró la postura oficial: por ahora, no se prevé ningún un aumento. Si se toma en cuenta ese extra –que no se actualiza desde marzo de 2024–, las jubilaciones perdieron en términos reales. Según explicó Hernán Herrera, investigador del IAG, “si se compara el acumulado de enero a mayo, con el bono, las jubilaciones tuvieron una caída del 13,9% entre 2023 y 2025”.
Francos afirmó, además, que el haber mínimo de abril, de $ 355.821 (cálculo para el que sí sumó el bono) cubría el 99% de una canasta básica total de un adulto. Pero, según las estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, un adulto mayor necesita al menos $ 1,2 millón para subsistir, sobre todo teniendo en cuenta rubros como vivienda y medicamentos que no están contemplados o tienen poco peso en las mediciones del Indec. Por lo tanto, la jubilación mínima es apenas la cuarta parte de esa canasta.
En medio de estas afirmaciones, la Legislatura volvió a tratar un proyecto que, como el vetado en 2024, contempla el aumento del bono y de la jubilación. Sin embargo, Semino sostuvo que la postura de Gobierno es muy clara –volverá a rechazar cualquier recomposición aprobada en el Congreso– y los tiempos apremian. “Mientras se ponen de acuerdo, lo que hay que hacer es resolver a través de la acción social el hambre, la falta de atención sanitaria y de techo que tienen los actuales jubilados. Ahora llegamos al pico de mayor morbilidad del año que se junta con la situación que se venía arrastrando. Hoy la gente se nos muere, se nos está muriendo”, sentenció.
Sin lugares en geriátricos
Semino denunció, además, que los geriátricos con los que tiene convenio el PAMI no tienen camas disponibles. En octubre de 2024, el mismo defensor aseguraba que, por no poder pagar el alquiler y no tener un techo, muchas personas mayores se internaban en estos lugares. Pero ahora, afirma, ni siquiera tienen esa opción.
“Tampoco hay ningún tipo de ayuda para los jubilados que son propietarios para poder asistirlos en el caso de las expensas, que en las grandes ciudades pueden costar casi una jubilación. Tenemos casos de deudas y ejecuciones todo el tiempo, pero no hay políticas enfocadas en eso”, aseveró.
El gerontólogo agregó que el PAMI tampoco está brindando el servicio de internación domiciliaria. “Una persona que vive sola, que está bien y se fractura la cadera y la operan, vuelve a su casa sin ningún tipo de asistencia. La internación domiciliaria ya no existe. Entonces la persona, que con una terapia de kinesiología podía mejorar perfectamente, termina con dificultades motrices y se vuelve a accidentar”.
“Todos los días tenemos situaciones nuevas”, afirma el defensor de la Tercera Edad mientras debe interrumpir la conversación para seguir escuchando a jubilados en un contexto que define como de una “crisis humanitaria que se sigue profundizando a plena luz del día, y sin que nadie quiera oírla”.
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