El Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que propone modificar radicalmente el régimen de subsidios al gas natural en el país. La iniciativa prevé la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, una medida implementada en 2021, y excluiría de este beneficio a más de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los últimos años, incluidos los habitantes de Adolfo Alsina y localidades de la región.
Esta eliminación afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son templados y la cobertura había generado una ampliación significativa en la cantidad de beneficiarios. Dependerá del Congreso la aprobación de este ítem.
El artículo 72 del proyecto de ley establece de manera directa: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”, lo que implica que, bajo la administración de Javier Milei, se revierte el alcance sancionado en 2021 y el subsidio vuelve a restringirse exclusivamente a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza, tal como planteaba el Régimen de Zona Patagónica sancionado en 2002.
Un informe de la consultora Economía y Energía señala que 4,2 millones de usuarios acceden actualmente a algún subsidio por Zona Fría, y que el 72% de ellos reside en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Mendoza exhibe una temperatura promedio igual a la media nacional (15,5℃), mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe superan ese registro térmico. En contraste, las provincias patagónicas, que enfrentan las temperaturas más bajas, concentran solo el 17% de los beneficiarios del sistema. Para el Gobierno, la ampliación a zonas templadas desvirtuó la lógica original del régimen, que durante casi veinte años priorizó regiones de bajas temperaturas y menores ingresos.
El programa de Zonas Frías siempre fue objeto de debate, pero el fondo que lo sostiene no depende de recursos estatales directos: todos los usuarios de gas natural por redes —cerca de nueve millones— pagan un recargo adicional (6,8%) en sus facturas para alimentar el esquema de descuentos. El Gobierno nacional incrementó ese recargo en cinco ocasiones durante 2025, debido al desequilibrio generado por la ampliación de beneficiarios, lo que llevó al fondo fiduciario a exhibir un déficit estructural.
Otra modificación clave figura en el artículo 70 del texto oficial: el recargo máximo se limitará al 7,5% del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Además, el Poder Ejecutivo Nacional podrá subir o bajar ese recargo hasta un 50%. Los fondos obtenidos podrán utilizarse para compensar consumos previos de usuarios comerciales del Servicio General P, ampliando el espectro de posibles destinatarios antes del nuevo régimen.
La reforma afecta de lleno al diseño y la lógica distributiva del subsidio. La ley actual otorga un descuento general del 30% en el valor del gas para hogares incluidos en zonas frías —que sube al 50% para quienes tienen planes sociales o forman parte de instituciones de bien público—. El informe de Economía y Energía indica que, tras la ampliación de 2021, el consumo por usuario en esas zonas aumentó un 8,8% entre 2021 y 2024, mientras que en el resto del país el consumo cayó un 6,8%.
El análisis subraya que, antes de la ampliación, la zona fría se justificaba por el mayor consumo en la Patagonia, debido a condiciones climáticas y socioeconómicas particulares, a diferencia de lo que ocurrió tras sumar regiones con temperaturas benignas y mayor producto per cápita. La extensión implementada durante el gobierno de Alberto Fernández multiplicó por cuatro la cantidad de usuarios con descuentos.
Con la propuesta actual, el acceso al beneficio y su financiamiento quedarán redefinidos. Un medio especializado precisa que, tras la derogación de artículos clave del régimen, los subsidios estarían focalizados en hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe: aproximadamente un millón de viviendas conservarán el descuento del 50%, según la norma de 2002.
La delimitación de la cobertura se realiza exclusivamente por ubicación geográfica, sin criterios socioeconómicos. Bajo esta nueva normativa, se persigue “mayor equidad y uso racional de la energía”, como fija el proyecto del fondo fiduciario. Además, se habilita la actualización de procedimientos administrativos y se otorga a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, la potestad de reglamentar la asignación de recursos y los mecanismos de compensación para las empresas prestadoras.
El esquema de Zona Fría funcionó desde 2021 como complemento del histórico fondo de la Patagonia. El Presupuesto 2026 prevé modificar tanto la denominación como el destino de los fondos recaudados, dejando de mencionar el subsidio a residenciales y permitiendo su uso para consumos comerciales, eliminando referencias a una cobertura universal.
Es probable que el fondo fiduciario registre excedentes, ya que solo deberá cubrir los subsidios para un millón de hogares, dejando fuera a más de tres millones de beneficiarios integrados desde 2021. De manera paralela, el texto oficial refuerza el objetivo de actualizar los procedimientos y distribuir los recursos bajo principios de “equidad y uso racional de la energía”, dentro de la órbita del ente regulador.
(Con información de Infobae)
