La Corte Suprema de Justicia cerró definitivamente la causa por presunto espionaje a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. Con esta decisión, el expresidente Mauricio Macri, el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, su entonces segunda Silvia Majdalani y ocho exagentes del organismo quedaron sobreseídos de forma definitiva.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos presentados por los familiares de las víctimas, quienes denunciaban seguimientos y maniobras de vigilancia durante 2017 y 2018, mientras reclamaban respuestas por la desaparición del submarino. La acusación apuntaba a que la AFI había registrado manifestaciones, misas y actividades públicas de los allegados, además de recopilar datos personales y publicaciones en redes sociales.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal porteña como la Cámara de Casación Penal concluyeron que las tareas se realizaron en el marco de la seguridad presidencial y no configuraron delitos de espionaje. Los magistrados Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi habían revocado en 2022 el procesamiento dictado por el juez Martín Bava, quien había acusado a Macri y a los exfuncionarios de realizar tareas ilegales de inteligencia. Más tarde, la Sala II de Casación, con los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, ratificó el sobreseimiento al considerar que no hubo injerencias abusivas ni extralimitaciones en las funciones de la AFI.
El fallo de Casación sostuvo que las actividades cuestionadas “formaban parte de los protocolos de seguridad del entonces presidente” y que la información obtenida no provenía de operaciones secretas, sino de medios públicos y redes sociales. Además, el tribunal advirtió sobre los riesgos que implicaría una deficiencia en la custodia y control del entorno de un mandatario nacional.
Con el pronunciamiento de la Corte Suprema, el sobreseimiento de Macri, Arribas, Majdalani y los exagentes quedó firme y la causa judicial quedó cerrada.
El submarino ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, provocando la muerte de sus 44 tripulantes. Desde entonces, sus familiares impulsaron diversas investigaciones judiciales, entre ellas una causa paralela en Santa Cruz por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público contra cuatro marinos.
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