El pasado mes de octubre se cumplieron 81 años del Día del Trabajador Rural, la fecha en la cual se conmemora la sanción del primer Estatuto del Peón de Campo. Ahora, al cierre del año, el titular del gremio que nuclea a los peones salió al cruce del oficialismo. Incluso apuntó al propio Presidente Javier Milei.
“Lo viejo sirve, Javier”, encabezó la carta José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). En la misma señala que a raíz del debate por la Ley de Contrato de Trabajo, “que incluyó disposiciones sobre los empleos de la ruralidad”, es que por eso el gremio buscó “atender las singularidades del caso”.
“Existe un consenso en los debates respecto de que la norma especial que regula las relaciones de trabajo en el sector —Ley 26.727— carece de los rasgos esenciales de la nueva realidad que se pretende reconocer y, según sectores impulsores de la reforma, sería un escollo para la registración laboral y la contratación masiva de trabajadores”, planteó Voytenco acerca de la Ley que establece el Régimen de Trabajo Agrario.
Entre las observaciones que hace al proyecto, enumeró el límite a la “libertad de contratación”, o la “responsabilidad solidaria de los terceros intervinientes”, como también las “modalidades del vínculo laboral”.
“Más allá de que la ley que regula el trabajo rural es de las más recientes en la legislación laboral argentina (2011), es cierto que toda normativa requiere una actualización con el paso del tiempo para conservar su efectividad, lo que no implica una reforma de sus postulados esenciales, ya que los fundamentos de la regulación deben permanecer vigentes”, afirmó.
Por eso, pidió: “Consideramos indispensable que antes de diseñar un nuevo esquema legal se reconozcan las particularidades de las tareas propias del campo, que difieren sustancialmente de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y que sean tenidos en cuenta al legislar”.
Para Voytenco, hay aspectos sin observar en a la hora de la registración laboral en el agro. “No es posible dictar leyes con el foco en reducir la falta de registración sin atender que en la ruralidad también persiste la marginalidad laboral”, acusó.
La carta también señala que “dado que muchos establecimientos se ubican en parajes rústicos y solitarios, con escasa presencia estatal y sin conexión digital, la precariedad se vuelve proclive no solo a la informalidad sino también a formas más penosas y degradantes”. En ese marco, habló de “trabajo infantil prohibido” y “trata de personas con fines de explotación laboral”.
Desde UATRE hablaron de una “cifra negra”, y que una potencial liberalización de las modalidades de contratación no debieran incrementar dicho número, “que ya existe en actividades cuya temporaneidad (sic) y ubicación geográfica dificultan la registración y fiscalización”.
También planteó que la ampliación del período de prueba, propuesta en la modificación para extenderse por 8 meses, “no solo puede abarcar y superar una faena estacional —permitiendo a un empleador contratar y despedir bajo el ropaje de la prueba para una tarea puntual—, sino también dilatar innecesariamente el afincamiento del resto de la familia”.
En ese punto, destacó la importancia de los adultos mayores y la escolaridad de los niños.
TERCERIZACIÓN
En otro de los ítems de la larga misiva dirigida al Presidente Javier Milei, Voytenco sostuvo que “quienes trabajamos en el campo sabemos que es prácticamente nulo encontrar personal tercerizado cuya contratación o arrendamiento esté documentado y resulte oponible a terceros”. Habló de ausencia de “registros formales”.
“En el proyecto legislativo y en las notas de opinión se tiende a presentar la contratación laboral como una necesidad del momento, generalizando la idea de que el cumplimiento de lo pactado —especialmente la remuneración— puede ceder frente a casos fortuitos y fuerza mayor fácilmente, reduciendo la indemnidad de los empleados”, sostuvo.
Y planteó: “Así como los dependientes no reciben una mayor paga por una cosecha extraordinaria tampoco deben cargar con las pérdidas de ingresos, razón por la cual estas medidas no deben estandarizarse (como pretende la reforma) sino mantenerse en el marco de lo no común”.
“Todas las modificaciones propuestas deben inexorablemente atravesar el tamiz de la naturaleza de las actividades agropecuarias, de las necesidades específicas de los trabajadores del sector y los objetivos de las políticas públicas (arraigo, educación, salud, conectividad, desarrollo económico, etc.)”, cerró.
PEDIDOS DE SOCIEDAD RURAL
Días atrás, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) plantearon sobre este tema que el debate por la Ley de Trabajo Agrario no quede fuera de la discusión laboral en general.
“SRA participó de un trabajo conjunto con funcionarios y legisladores nacionales, como así también con integrantes del Consejo de Mayo, donde hemos expresado que la reforma laboral debe reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos para empleadores y trabajadores”, indicaron desde la entidad presidida por Nicolás Pino.
“Ignorar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario en un proceso de modernización conduciría a una propuesta incompleta y a una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro”, habían sostenido desde la entidad. (Infocampo)
