La Cámara de Diputados fue convocada a sesionar este miércoles a las 15 para tratar la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno, en medio de la polémica por el recorte de oradores en las audiencias públicas. La solicitud fue presentada por legisladores de La Libertad Avanza y espacios aliados ante el presidente del cuerpo, Martín Menem, con el objetivo de avanzar con la aprobación definitiva del proyecto.
La convocatoria se produjo en la previa de una reunión clave de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, prevista para este martes, donde el oficialismo buscará emitir dictamen. En caso de ser aprobado sin modificaciones en el recinto, el texto se convertirá en ley, ya que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero.
La iniciativa propone redefinir el alcance de las áreas protegidas al introducir una distinción entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciares”. A partir de ese cambio, la inclusión de estos territorios como reservas estratégicas quedará sujeta a estudios técnicos realizados por autoridades ambientales de cada jurisdicción, lo que determinará su incorporación al Inventario Nacional de Glaciares y su correspondiente nivel de protección.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca precisar la normativa vigente y aportar mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el proyecto genera controversia por su impacto en el régimen de protección ambiental, especialmente en regiones donde conviven reservas hídricas con actividades productivas como la minería y los hidrocarburos.
La modificación responde, además, a compromisos asumidos por el Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas, quienes reclaman una legislación más flexible que permita impulsar inversiones en sectores actualmente restringidos.
Como es el proyecto
El proyecto apunta a flexibilizar el esquema actual de protección sobre el ambiente periglaciar. El eje central es una nueva categorización de estas formaciones, que permitirá redefinir los límites de estas áreas protegidas para abrir la puerta a la explotación industrial y extractiva en sectores que, bajo la normativa vigente, se encuentran inhabilitados para cualquier tipo de intervención económica.
De este modo, la protección dejaría de ser uniforme para todo el territorio periglaciar y pasaría a depender de evaluaciones técnicas específicas. Mientras que los glaciares mantendrán la prohibición absoluta de intervención, se habilitaría el desarrollo de actividades económicas en zonas periglaciares que no sean consideradas estratégicas desde el punto de vista hídrico.
El texto ratifica la continuidad del Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá bajo la órbita técnica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). No obstante, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, que tendrá un rol central en la coordinación de los relevamientos y en la definición de las áreas protegidas.
El proyecto, además, mantiene la prohibición de actividades que puedan alterar de manera significativa las condiciones naturales de las zonas protegidas, como el vertido de contaminantes, la construcción de infraestructura de gran escala y la explotación minera o hidrocarburífera en esos sectores. Al mismo tiempo, habilita expresamente la investigación científica, las tareas de rescate y las actividades deportivas de bajo impacto.
Actualmente, la ley sancionada en 2010 ampara tanto a las masas de hielo visibles como a los ecosistemas de alta montaña compuestos por sedimentos y suelos congelados. Estos reservorios de agua dulce son fundamentales para el equilibrio geomorfológico y la regulación hídrica de las regiones cordilleranas.
Polémica por las audiencias públicas
El tratamiento de la reforma estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos durante las audiencias públicas en Diputados. La limitación en la cantidad de oradores, pese a la alta demanda de inscriptos, generó críticas y denuncias sobre la legalidad del proceso.
Durante las exposiciones, el presidente del IANIGLA, Pablo Villagra, rechazó la iniciativa y advirtió que el proyecto aprobado por el Senado “no representa una mejora” respecto de la ley vigente, ya que deja áreas con hielo sin protección y genera nuevas ambigüedades, además de subordinar criterios científicos a decisiones políticas. También destacó el rol del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta clave para la protección de los recursos hídricos.
En contraposición, el geólogo Marcelo Placet respaldó la reforma y cuestionó las críticas al señalar que los planteos sobre riesgos para las fuentes de agua “apelan al miedo y al desconocimiento”. A su vez, expositores de distintas provincias rechazaron tanto la metodología de las audiencias como el contenido del proyecto, al que algunos calificaron como “inconstitucional”.
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