La Cámara de Diputados aprobó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que había recibido media sanción del Senado en 1998 y permanecía pendiente desde entonces.
El proyecto fue respaldado por 147 diputados, mientras que 93 votaron en contra y no hubo abstenciones. Sin embargo, el texto deberá regresar al Senado porque la Cámara baja incorporó una reserva vinculada con el capítulo II del acuerdo.
El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que busca simplificar la etapa inicial para solicitar la protección de una invención en distintos países mediante una única presentación internacional. Actualmente forman parte del sistema 158 naciones.
La adhesión permitiría que inventores, empresas e instituciones argentinas puedan iniciar el trámite desde el país a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), en lugar de realizar presentaciones independientes en cada jurisdicción.
Además, el sistema amplía de 12 a 30 meses el plazo de prioridad para avanzar con solicitudes en otros países. Desde el oficialismo sostuvieron que el mecanismo podría reducir de manera significativa los costos asociados a la protección internacional de desarrollos argentinos.
Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con la industria farmacéutica. A pedido de laboratorios nacionales, Diputados incorporó una reserva al capítulo II, que contempla la utilización de informes técnicos elaborados por oficinas extranjeras durante el análisis de las solicitudes.
Desde el sector farmacéutico nacional advirtieron que una mayor influencia de criterios internacionales podría facilitar la extensión de patentes sobre medicamentos existentes mediante modificaciones menores, demorando la aparición de genéricos y afectando la competencia.
Quienes defendieron la adhesión remarcaron, en cambio, que el tratado no crea una patente internacional automática ni obliga a los países a aceptar una solicitud. La decisión final sobre la concesión de cada patente continuará en manos de las autoridades argentinas.
Con la modificación aprobada en Diputados, el proyecto regresará ahora al Senado, que deberá decidir si acepta los cambios para completar un trámite legislativo iniciado hace 28 años.
