A mediados de marzo, el Gobierno nacional decidió nuevamente sacudir el avispero de uno de los temas que más rispideces le ha generado en su relación con el agro desde su asunción en 2023: la vacunación antiaftosa.
Fue cuando decidió avanzar con una “desregulación” por parte del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa): permitir que veterinarios privados puedan realizar esta vacunación, desarmando el histórico esquema que obliga a formalizar este proceso a través de los entes y fundaciones sanitarios.
El ruralismo de manera casi unánime rechazó esta determinación y en las últimas horas desde Buenos Aires volvieron a agitar el debate, teniendo en cuenta que la resolución sigue firme y se aplicaría a partir de la campaña de vacunación 2027.
LA VACUNACIÓN ANTIAFTOSA GENERA POLÉMICA
Puntualmente, fue la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) bonaerense la que aprobó una moción para que el Senasa revea la Resolución 201 que impuso estos cambios.
Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de Buenos Aires, no se rechaza la participación de médicos veterinarios particulares, pero sí se pretende que haya una revisión de la normativa, de manera de construir las modificaciones mediante un proceso consensuado y que preserve las garantías sanitarias existentes.
Por ese motivo, hasta tanto esos acuerdos no lleguen, la Coprosa pidió además que se deje sin efecto la resolución, a través de una derogación.
“Tras la votación, los integrantes de la Comisión acordaron además avanzar en un cronograma de trabajo conjunto con el Senasa y conformar una comisión específica dentro de la Coprosa para analizar la implementación de la normativa y elaborar propuestas”, añadió el MDA.
Desde la mirada de la Coprosa, la participación de los entes sanitarios, de los que forman parte los productores, son relevantes porque “organizan las campañas, fiscalizan el proceso y garantizan la cobertura territorial”.
Por ello, “luego de un extenso intercambio técnico, la Comisión resolvió elevar al Senasa una solicitud para rever la Resolución 201/2026, adecuar sus disposiciones a la Ley Nacional 24.305, reconsiderar la derogación de la Resolución 368/2011 y avanzar en eventuales modificaciones de manera consensuada con todos los organismos intervinientes”, mencionó el Ministerio bonaerense.
Cabe resaltar que la posición fue aprobada por unanimidad, con el voto afirmativo del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA), Federación Agraria Argentina (FAA), CARBAP, las Regiones Sanitarias N.º 1, 2, 3 y 4, y Coninagro. En tanto, el Senasa lógicamente se abstuvo de participar de la votación por ser el organismo destinatario de la solicitud.
“NADIE DICE CÓMO EL SISTEMA VA A MEJORAR”
En este marco, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, sostuvo durante el encuentro la posición de la Provincia de Buenos Aires frente a la Resolución 201 y cuestionó que durante el debate no se hayan presentado argumentos que permitan demostrar una mejora sanitaria a partir de la nueva normativa.
“La verdad que acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar. Si ponemos el eje en los aspectos sanitarios, acá no ha habido ninguna argumentación a favor de que esto mejora en este sentido”, subrayó.
La postura expresada por el funcionario coincide con lo asentado posteriormente en el acta: la Provincia consideró que no se presentaron argumentos que permitieran sostener que la Resolución 201 representa una mejora sanitaria o epidemiológica y señaló como principales preocupaciones la atención de los pequeños productores, el posible debilitamiento de los entes sanitarios y el impacto sobre la cobertura de vacunación.
Precisamente, uno de los principales puntos planteados durante la reunión fue el riesgo de que los productores de menor escala queden con dificultades para acceder a la vacunación si el nuevo esquema genera un desplazamiento de los entes sanitarios hacia un sistema basado en la contratación individual de veterinarios.
Rodríguez ejemplificó la problemática desde una perspectiva económica: “Un veterinario, un profesional independiente, cuando tiene que definir el costo, va a tener mayores dificultades para ir a un productor donde tiene que vacunar a cinco animales que cuando tiene que vacunar a 100”.
Y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la pérdida del principio de solidaridad que actualmente permite cubrir todo el territorio: “Lo que podemos prever es muy complicado: va a pasar con muchos de los productores que tienen escalas más reducidas y que el veterinario no va a ir”.
En el acta de la Coprosa también quedó registrada la preocupación por la sostenibilidad económica del sistema y por la posibilidad de que los establecimientos más grandes opten por modalidades individuales, mientras los productores pequeños permanezcan dentro de los entes, afectando su equilibrio económico y operativo.
PEDIDO DE DEFINICIONES AL SENASA
Otro de los puntos centrales fue la falta de precisiones sobre cómo funcionará operativamente el nuevo esquema. Rodríguez remarcó que, a pocas semanas del inicio de una nueva etapa, todavía existen interrogantes que deberían ser resueltos.
“Hoy tenemos en una fecha muy pronta un cambio enorme que atenta, que deteriora el sistema. Todavía no tenemos un montón de información y creo que, la verdad, que encima hacerlo de manera poco organizada va a ser todavía peor”, sostuvo.
En ese sentido, pidió que el Senasa defina rápidamente los pasos a seguir: “No podemos esperar hasta el 21 de diciembre para que el 31 de diciembre digan ‘se prorroga un año’ o lo que sea”.
El acta recoge esta misma preocupación y señala que la Provincia solicitó al Senasa una pronta definición sobre los aspectos operativos pendientes, teniendo en cuenta la proximidad de las próximas campañas de vacunación. (Infocampo)
